IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el proceso de licitación plurianual de seguridad para los inmuebles del organismo durante los siguientes 36 meses, que inició con la publicación en CompraNet del proyecto de bases de licitación el pasado 28 de marzo, se ha llevado a cabo con estricto apego a la ley y bajo la puntual supervisión del Órgano Interno de Control del instituto, así como con la participación del testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública.
El instituto respondió a los diversos planteamientos de los licitantes en la etapa de repreguntas, por lo que empieza a correr el plazo para la preparación de sus propuestas, que deberán presentarse a través de la plataforma CompraNet, el próximo 23 de mayo a las 11:00 horas.
Luego de la recepción y respuesta de la primera ronda de preguntas, que constó de mil 219 cuestionamientos de 22 posibleslicitantes, esta segunda etapa constó de mil 947 repreguntas, destacando el hecho de haber recibido 51 por parte de ocho posibles licitantes y el resto (mil 896) fueron realizadas por parte de la empresa “Seguridad Balística Medio Oriente SA de CV”, que repitió la totalidad de las preguntas hechas por todos los licitantes en la primera ronda.
Respecto del accionar de esa empresa, que se percibe como un intento de complicar y empantanar el proceso, se dio parte al Órgano Interno de Control para que se integrara al expediente de la licitación y en su momento, cualquier abuso pueda ser sancionado.
Además de los plazos, en esta etapa del procedimiento se realizaron aclaraciones a la convocatoria, derivadas de las inquietudes válidas de los participantes, como la ampliación de plazos, la posibilidad de ajuste de precios por inflación a partir del segundo año del contrato y una mejor descripción de la ubicación de los inmuebles que habrán de ser resguardados en la República.
Cada etapa del proceso se está llevando a cabo con la participación y sanción del Órgano Interno de Control, además del testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública, por lo que cualquier exceso de los funcionarios o los posibles licitantes, será debidamente identificado y sancionado conforme a la ley.
