Por Gabriela Cuevas
“El asesinato de periodistas y comunicadores sociales por motivos relacionados con su trabajo periodístico constituye la más grave violación del derecho a la libertad de expresión”. Así inicia el informe ” Zonas silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alertar sobre el tema y resaltar el efecto de autocensura que se extiende entre otros integrantes del gremio y que vulnera el derecho de los ciudadanos a buscar y recibir información.
La situación es alarmante: en 2017 Reporteros Sin Fronteras ubicó a México entre los 5 países más peligrosos para el desarrollo de la profesión del informador, junto con Siria, Afganistán, Irak y Filipinas. De los 65 comunicadores ultimados en el mundo, 11 fueron mexicanos.
“Este año, como también en 2017, hemos visto en promedio a un periodista asesinado por mes. En estados como Tamaulipas, considerada como una ‘zona silenciada’ por el nivel de auto-censura en el cual operan periodistas, esta situación es aún más extrema”, lamentó Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos.
A ello hay que sumarle las más de 2 mil agresiones contra reporteros que ha consignado la organización Artículo 19. Es imposible ocultarlo, hoy la libertad de expresión en nuestro país no puede celebrarse. La violencia contra comunicadores se ha manifestado con el asesinato de más de 110 periodistas desde el año 2000. Tan solo en los primeros seis meses de 2018, seis han sido asesinados, mientras uno más permanece desaparecido.
La censura y atentados contra la libertad de expresión contradicen los valores y los fundamentos de nuestra democracia. Somos testigos cotidianos de estos embates en distintos frentes, pues la violencia ha incidido en las campañas al contabilizarse 34 asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular en 11 entidades, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación hasta el 27 de mayo. Este número se eleva hasta 110 asesinatos contra políticos y candidatos, según la consultora Etellekt, en su último reporte del 2 de junio pasado.
Esta situación coloca al proceso electoral de 2018 como el más violento en los últimos 10 años, por lo que la Organización de Estados Americanos ha manifestado su preocupación y ha exhortado a las autoridades a esclarecer los hechos. Es urgente castigar a los responsables de estos delitos que terminan con la voz y la vida de valientes comunicadores y que también atentan contra nuestra democracia. Ya lo ha advertido la Corte Interamericana, la impunidad, “entendida como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena, favorece la repetición crónica de violaciones de derechos humanos”.
En México, las condiciones están dadas para la repetición de crímenes, pues solo se castiga el 1% de los delitos cometidos, lo que nos convierte en el país con el más alto índice de impunidad en el continente americano, según el “Índice Global de Impunidad México 2018”.
Si bien hemos dado algunos pasos para la protección de comunicadores como la adopción en 2012 del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los hechos nos indican que son insuficientes las acciones emprendidas y que la violencia sigue siendo uno de los grandes pendientes para consolidar nuestra democracia, ya que algunos criminales pretenden incidir en los comicios.
Acabar con la corrupción, impunidad e inseguridad son las tareas más apremiantes en nuestro país, son la amenaza más grave a nuestras libertades y a nuestra democracia. Requerimos una prensa libre, que “es esencial para la paz, la justicia y los derechos humanos para todos”, como ya advirtió Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Tenemos una deuda con los periodistas y la libertad de expresión. No habrá una democracia fuerte sin ellos. Twitter: @GabyCuevas
