IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad de México
La Ley de Seguridad Interior no debe ser una normativa que regule únicamente a las Fuerzas Armadas porque se debe respetar el principio de gradualidad, advirtió Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Durante el Debate por la Seguridad Pública: Seguridad Interior y Reforma Policial, organizado por la asociación Causa en Común, el general expuso que es un error considerar que la Ley de Seguridad Interior es un marco jurídico para las Fuerzas Armadas porque éstas deben ser el último recurso cuando se requiere atender una amenaza que requiera el uso de la fuerza.
“Lo que nosotros, desde las Fuerzas Armadas, consideramos es que la seguridad interior no es un asunto de las Fuerzas Armadas, no estamos pidiendo una ley para las Fuerzas Armadas, es una Ley de Seguridad Interior, que es una institución a cargo del Estado mexicano para preservar su seguridad como Estado social y democrático que es“, comentó.
El general Ramos Flores alertó que en país no existen estándares que regulen el uso de la fuerza y por ello es necesario que también se trabaje en esta materia.
“El uso de la fuerza tiene que atender a los estándares no solamente nacionales sino internacionales, por cierto que los nacionales no existen, lo más cercano que tenemos es un manual del uso de la fuerza que tuvimos que desarrollar con las Fuerzas Armadas para darle a nuestro personal un poco de certeza, un poco de orientación para atender este problema, entonces es necesario también que se regule el uso de la fuerza”.
El elemento del Ejército mexicano dijo que esta ley no debe verse como una ley de militarización sino como una ley que regulará cómo, cuándo y para qué van a utilizarse las Fuerzas Armadas.
En el debate se expuso la necesidad de regular el uso de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de los cuerpos policiales. Especialistas coincidieron que es necesario que las entidades se comprometan a capacitar y profesionalizar sus policías antes de retirar a los militares de las calles.
Catalina Pérez Correa, especialista del CIDE, dijo que a partir de la salida de las Fuerzas Armadas a las calles “los gobiernos locales dejaron desatendidos los problemas de seguridad pública”.
Causa en Común realizó un análisis de las iniciativas que se discuten en el Congreso de la Unión y José Antonio Polo Oteyza, director general de la organización, expuso que en estas propuestas se detecta que falta claridad sobre el concepto de Seguridad Interior y de declaratoria de afectación.
Además, alertó sobre la intención de privilegiar la inteligencia militar sobre la civil y la omisión de mecanismos de supervisión y evaluación.