Es indispensable que las sentencias en materia electoral trasciendan al conocimiento y comprensión de la ciudadanía mediante un lenguaje sencillo y que sepa que, bajo diversas circunstancias, podría perder sus derechos político-electorales, afirmó la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, al participar en el Taller de Análisis de Sentencias 2024, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Consejera Presidenta indicó que la inelegibilidad de deudores alimentarios, tema de las sentencias analizadas, profundiza en el derecho a la alimentación, ya que se considera fundamental y que no es exclusivo del ámbito electoral, pues está orientado a garantizar un nivel de vida digno para las personas y se basa en los principios de igualdad y solidaridad familiar, así como el interés superior de la niñez, entre otros.
Pulido Gómez destacó que el análisis de las sentencias y su correspondiente discusión no sólo refuerzan el compromiso con la justicia y el Estado de Derecho, sino que también permite reflexionar sobre las implicaciones de las decisiones de las autoridades electorales.
Detalló que, durante el proceso electoral 2024, se revisaron alrededor de 7 mil 900 certificados de no deudores alimentarios morosos en cinco días, lo que implicó un reto logístico que no hubiera sido posible sin la existencia de un registro.
El Director General de Relaciones Institucionales Nacionales del TEPJF, Jorge Sánchez Morales, explicó que difundir las sentencias del Tribunal tiene por objetivo dar a conocer, mediante un lenguaje sencillo y ciudadano, las determinaciones de los juzgadores en materia electoral, cuáles fueron los derechos afectados, quiénes participan y cuáles fueron los argumentos que determinaron el sentido de la sentencia.
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), Martha Patricia Tovar Pescador, indicó que la justicia debe ser un proceso transparente y razonado, por lo que en un sistema democrático es fundamental explicar cómo las y los juzgadores llegan a las conclusiones, qué pruebas se consideran y qué principios legales son aplicables.
