IMPULSO/Lourdes Morales Canales
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Las campañas electorales actuales, incluido el primer debate a la Presidencia de la República, poco han dicho sobre qué acciones concretas habrá para combatir la corrupción. Barrer las escaleras de arriba hacia abajo, encarcelar al futuro ex presidente y eliminar el fuero para que el Congreso decida quién es o no culpable de corrupción sólo garantizará mayor impunidad. Pero los candidatos están en campaña y lo “que vende” es el castigo en la plaza pública y no la mejora de las instituciones con las que ya contamos.
Seguir la ruta del dinero, detectar a tiempo desvíos indebidos y permitir que la sociedad sepa en qué se gastan los recursos públicos, es fundamental para evitar simulaciones, documentar casos y generar responsabilidades. De esto se trató la reforma en materia de fiscalización. Esta otorgó nuevas atribuciones de investigación e información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y estableció las bases de coordinación con las entidades homólogas en los estados a través del sistema nacional de fiscalización. Casos como la triangulación de 3 mil 433 millones de pesos a través de empresas fantasma no se hubieran conocido sin la información recabada por la ASF. Paradójicamente la Estafa Maestra, como otros escándalos en los estados, se tejió bajo las narices de la entidad de fiscalización de Veracruz. Las auditorías estatales suelen contar con escasa autonomía técnica, presupuestal y de gestión. La OCDE reporta que existen problemas en al menos tres cuartas partes de ellas. En aquellas en las que prevalece limitada independencia política, los auditores terminan actuando como contadores personales del gobernador en turno.
Esto es, en parte, lo que se pretendió corregir. Sin embargo, un primer vistazo a las leyes de fiscalización en los estados muestra que la ASF no la tendrá fácil para generar sinergias y hacer su trabajo. Existen al menos dos grupos de entidades. En primer lugar, están las que por omisión aún no han hecho modificaciones y por lo tanto, no han introducido mejoras y nuevas facultades al trabajo de fiscalización. En este primer grupo se encuentran: Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León y Tlaxcala. En el caso de Chihuahua y Nuevo León, se han discutido cambios incluso más ambiciosos que los logrados a nivel federal, como mayor participación social en el plan anual de auditorías y mecanismos que eviten la selección de auditor con criterios políticos, sin embargo, el tiempo pasa y el rezago es inminente, ya que no están obligadas, como a nivel federal, a iniciar la fiscalización el primer día hábil del año. Tampoco cuentan, como a nivel federal, con áreas de investigación y substanciación para tramitar las conductas de corrupción.
En segundo lugar, se encuentran las que modificaron sus leyes, pero deliberadamente acotaron y debilitaron la labor de fiscalización. En este segundo grupo están: Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Zacatecas. En todas estas entidades no se contempla la entrega de informes individuales en al menos tres fechas distintas, lo cual permitiría mejorar el sistema de alarmas y podría mejorar el porcentaje de recuperaciones aún deficiente en México. Además, en el caso de Baja California, Campeche, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas la autonomía del trabajo de fiscalización está acotada por el Congreso, ya que éste puede influir en el seguimiento de las acciones de auditoría. Finalmente, en Nayarit, Querétaro, Sinaloa no existe la obligación de publicar el estado del seguimiento de las acciones de auditoría, lo cual además de contradecir lo establecido en la ley general de transparencia, bloquea el seguimiento y la vigilancia social de los recursos. Despejar y transparentar la ruta del dinero debiera de ser prioridad en la agenda. Pero en esta campaña, nadie quiere combatir la corrupción en serio.
