IMPULSO/ Agencia SUN
San José, Costa Rica
Hugo Chávez heredó a Nicolás Maduro una red criminal global de “lavado” de dinero que comenzó a ensamblar en 1999 y que, con nexos de Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador a Rusia, Suiza, Hong Kong y paraísos financieros mundiales, movilizó un mínimo de 10 mil millones de dólares ganados con narcotráfico y minería ilegal y con las operaciones de una empresa estatal que fue nervio y motor de la economía venezolana antes de sufrir una debacle productiva: PDVSA.
La conclusión es parte de un voluminoso informe elaborado por la Universidad Nacional de Defensa, adscrita al Departamento de Defensa de EU, en asociación con los investigadores estadounidenses Douglas Farah y Caitlin Yates, de IBI Consultants, de Washington, tras cinco años de indagación en 11 países.
Una copia en español del documento, difundido inicialmente solo en inglés en abril de 2019, está en poder de EL UNIVERSAL. Farah aclaró a El Gran Diario de México que el informe “no representa” la posición oficial ni del Pentágono ni del gobierno de EU.
Titulado “La Última Resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana”, el estudio penetró en los detalles de los multimillonarios negocios conducidos desde Petróleos de Venezuela (PDVSA) a partir de que Chávez asumió el poder en su país en febrero de 1999 y desplegó una cadena de negocios para el “blanqueo” de capitales.
La investigación descubrió un entramado de ventas falsificadas de petróleo, compras sistemáticas de activos, minería ilegal, proyectos falsos de infraestructura –como una refinería en Nicaragua– y transferencias interbancarias.
Entre las compañías presuntamente involucradas están las subsidiarias o sucursales petroleras de PDVSA en El Salvador –Petróleos Alba– y en Nicaragua –Albanisa– como parte del conglomerado empresarial para América Latina y el Caribe creado en torno a la petrolera venezolana, como accionista mayoritaria, reportó.
La firma salvadoreña y sus empresas vinculadas “prestaron a ocho compañías panameñas bajo su control al menos mil 100 millones de dólares entre 2007 y 2017. Esas compañías en su momento movieron el dinero a paraísos fiscales en el Caribe y Europa, incluyendo las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia. Finalmente declararon que la mayor parte de la deuda era incobrable”, reveló.
Ninguno de los partidos oficialistas izquierdistas aludidos, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, o los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Rusia y Surinam, reaccionaron a las revelaciones.
Populismo y petróleo
Al describir el escenario político de América Latina y el Caribe en la primera década del siglo XXI, el estudio explicó que “con los precios del petróleo altos y una gran desilusión con la élite histórica de la región, Chávez alcanzó el momento para lanzar su movimiento populista en la región”.
“Para ello, entre 2005 y 2010 (Chávez) logró exitosamente apoyar en financiar las campañas presidenciales de los candidatos con mentalidad radical, populista y autoritaria”, detalló.
Los líderes o candidatos ganadores fueron el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa, el hondureño Manuel Zelaya, el nicaragüense Daniel Ortega, el salvadoreño Mauricio Funes y el surinamés Desi Bouterse. “Chávez también mantuvo fuertes relaciones con el gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y con el gobierno populista radical de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina”, recordó.
“El proyecto bolivariano de Chávez fue, desde su inicio, un esfuerzo para crear un nuevo modelo económico y político para América Latina, mientras simultáneamente se comprometía en una lucha política y económica contra la influencia de EU”, subrayó.
En una de sus conclusiones, el informe asentó: “En un intento de aislar a EU y promover su proyecto político del ‘Socialismo para el Siglo XXI’, Chávez sistemáticamente consolidó el poder del brazo ejecutivo. En su momento transformó PDVSA –la empresa nacional de petróleos de Venezuela– en una empresa regional y multi billonaria, que operaba en conjunto con líderes políticos aliados, élites económicas y organizaciones criminales”.
“Mientras Chávez dirigía el proyecto fue apoyado por el liderazgo político de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador. Durante los últimos 20 años esta red criminal creció hasta abarcar varias docenas de individuos y cientos de empresas de fachada”, por lo que Maduro “dio una calurosa bienvenida a la herencia de este régimen criminal en 2013”, cuando murió su predecesor, aseguró.
Luego de 20 años de iniciado el proyecto político socialista venezolano, “esa red extiende a un nivel global, desde El Salvador hasta EU, desde Rusia hasta Hong Kong y a lo largo de varios paraísos fiscales financieros”, agregó, al advertir: “La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo”.
Entre otros elementos cruciales, la investigación exhibió los siguientes hallazgos:
– La “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”, consorcio de estados criminales y actores no estatales que trabajan en concierto con objetivos compartidos, se apropió de billones de dólares de las arcas del estado venezolano, sino que también usó a PDVSA “como una estructura central para el ‘lavado’ de dinero y corrupción a través de la región”.
– La “cartera criminal” usada por los estados criminales y actores no estatales “ha continuado diversificándose, como cuando los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se estancó”. Tales condiciones, prosiguió, forzaron a Maduro al asumir en 2013 “a dedicarse cada vez más a actividades más diversas como el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro, pero incluso con la declinación de PDVSA, el régimen continúa funcionando como una operación delictiva”.
– La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana “debería ser entendida como una red de redes” en vez de “actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina”.
– Los investigadores identificaron 181 individuos y 176 compañías que operan en al menos 26 países. “La suma financiera de estos hechos criminales no se conoce con exactitud, pero una investigación reciente realizada por un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió 28 billones de dólares de PDVSA. Nosotros hemos localizado por lo menos 10 billones de dólares en fondos vinculados a Venezuela que se mueven entre 2007 y 2018”, puntualizaron.
– La profunda crisis política e institucional de Venezuela, con un colapso social y económico y un éxodo de venezolanos al exterior, son el resultado “de este régimen criminal”. “Esta crisis cada vez más visible impone costos enormes en los vecinos regionales. Mientras, el lavado ilícito de fondos socava el estado de derecho y la democracia, destruye las economías legales, fortalece los regímenes autocráticos corruptos y crea espacios donde prosperan las redes criminales transnacionales organizadas”, indicó.
– Mientras las dinámicas de las actividades criminales en Venezuela continúan sin cambios, Maduro siente cada vez más la presión internacional e interna para un cambio en el régimen.
Con este panorama, el informe alertó: “A menos que la red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, esta alianza sobrevivirá y se transformará en una operación más dispersa y sofisticada”.
