IMPULSO/ Agencia SUN
San José, Costa Rica
El salvadoreño Nayib Bukele ganó fama en los últimos años como una de las nuevas promesas de la política partidista en El Salvador. Tras gobernar desde mayo de 2012 en un municipio en las afueras de la capital de ese país, continuó en su ascenso al convertirse en mayo de 2015 en alcalde de San Salvador y reforzó su imagen como un potente aspirante a la presidencia de la más pequeña de las naciones de Centroamérica.
Pero hay otro factor por el que Bukele atrapó el interés de los medios salvadoreños de comunicación y acumuló titulares: el asedio a la prensa independiente de El Salvador. El pasado 4 de julio, Bukele demandó al periódico La Prensa Gráfica, uno de los más importantes e influyentes de ese país y miembro del Grupo de Diarios América y exigió una indemnización de seis millones de dólares, al acusarlo de difamación por denunciar presuntas irregularidades en un oneroso contrato de vigilancia en el municipio capitalino y de calumnia por revelar la participación del alcalde en un ciberataque a ese medio.
“Lo que Bukele intenta es intimidar a los medios de comunicación independientes y críticos”, dijo el periodista salvadoreño Luis Laínez, jefe de información de La Prensa Gráfica. “Es especialmente preocupante, porque Bukele es un funcionario de alto nivel y miembro del partido de gobierno. Con la demanda busca sacar del juego a una empresa periodística que, como La Prensa Gráfica, es independiente y crítica”, añadió, en entrevista con EL UNIVERSAL.
El estadounidense Matt Sanders, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización que aglutina a gran cantidad de periódicos del hemisferio, expresó esta semana en un comunicado su temor de que la demanda “constituya un acto de intimidación” y “pretenda imponer una censura previa sobre el trabajo periodístico”.
Al anunciar el martes de esta semana que, si gana el proceso, donará el dinero a la Cruz Roja Salvadoreña, Bukele aseveró que “esto no es tanto un juicio hacia La Prensa Gráfica, sino que es más un juicio a nuestro sistema judicial. Vamos a ver realmente si el sistema judicial de nuestro país está corrompido por los poderes fácticos, en este caso por La Prensa Gráfica, o si realmente está al servicio de la justicia”. Una primera demanda, en la que el alcalde acusó de que nunca se le concedió derecho de réplica en una noticia de La Prensa Gráfica, ya fue desestimada el 27 de junio anterior por un tribunal salvadoreño que le recordó a Bukele que, como empleado estatal, debe estar bajo escrutinio público. El político volvió a demandar.
El pleito del alcalde, quien milita en el gobernante, ex guerrillero e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y quien tiene aspiraciones presidenciales, con el rotativo remite a un hostigamiento tecnológico.
El 7 de julio de 2015, el diario reveló que el Tribunal de Ética, instancia estatal autónoma, denunció que Bukele contrató a familiares suyos en puestos claves de la alcaldía, a lo que el alcalde replicó que esas contrataciones nunca riñeron con la ética porque tampoco significaron el pago de salarios sino que fueron ad honorem. La legislación salvadoreña, sin embargo, establece que bajo ninguna circunstancia un alcalde puede contratar a parientes para puestos en el municipio.
Al día siguiente de publicar esa noticia, el periódico sufrió un ciberataque al ser clonada parte de su edición en internet con una entrevista falsa al presidente general del diario, José Roberto Dutriz, que se distribuyó en redes sociales y en la que Dutriz afirmaba que los medios de comunicación actúan con descaro o desfachatez.
Varios días después ocurrió un segundo ataque. Mientras, el director del periódico, Gabriel Trillos, recibió en su teléfono celular mensajes amenazantes con advertencias de que se haría una campaña para instar a la población a abstenerse de comprar el diario y de adquirir publicidad.
El periódico denunció el caso a la fiscalía general de El Salvador. Las investigaciones condujeron a Bunker, una empresa de mercadeo digital cuyo dueño, el salvadoreño José Carlos Navarro, y otros cuatro empleados quedaron presos luego de un allanamiento y en un proceso sobre el que el próximo lunes habrá una audiencia judicial. Las indagatorias de la fiscalía detectaron un enlace entre un teléfono celular de Navarro y uno que pertenece a un colaborador de Bukele y del que salió uno de los mensajes amenazantes para Trillos. El 16 de noviembre de 2016, el diario publicó que “cuatro extensos informes de peritos elaborados” con autorización de un juzgado y oficializados por las autoridades, confirmaron la participación de Bukele “como el autor intelectual y financista de los ciberataques”.
WLa nueva pericia informática arrojó abundantes datos sobre la implicación del alcalde en la planificación, aprobación y ejecución de atentados cibernéticos a medios”, añadió.
El Diario de Hoy, otro matutino salvadoreño, sufrió ataques similares.
