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La irresponsabilidad política y el terror de Minatitlán

IMPULSO/ Edgar Elías Azar

Se ha relatado una escena de terror. Se intentó describir lo indescriptible y de ponerle nombre a lo innombrable. Sicarios que entran a un lugar y arrasan a balazos con todos los presentes, incluso, un bebe de un año; al que, según un testigo que sobrevivió, sin piedad, los sicarios lo remataron con un tiro. Torturas psicológicas que consistían en hacer que unos vieran cómo otros eran ejecutados con sus armas largas. 20 minutos parecieron una eternidad. 14 personas asesinadas y, al tiempo, ningún detenido.

Todos coincidimos en que lo que sucedió se encuentra fuera de los límites de lo creíble, de lo aceptable; son eventos que no deberían de existir. Pero las reacciones de nuestras autoridades no han sido mucho mejor. Ante la calamidad, han sobrado las descalificaciones de un poder a otro, de un nivel de gobierno a otro, de un funcionario a otro; unos se deshacen de responsabilidades, se levantan sorpresas, se levantan dedos y se señalan culpables. Dentro de todo esto, lo más sorprendente es, sin duda, que esos dedos no encuentren culpables en las calles ni en las guaridas, sino en otros colaboradores y en otros funcionarios.

Lo que esperamos todos los ciudadanos no es la búsqueda de quién tiene facultades para qué o para qué no, lo que se quiere y lo que se espera es: justicia. Una justicia basada en la ley, no en la voluntad de unos cuantos. Justicia como respuesta de un estado y sus instituciones. Se esperan resultados, procesos judiciales, investigaciones criminales bien encaminadas y autoridades que muestren su experiencia e inteligencia.

Sin lugar a dudas, la base de cualquier sistema democrático es la discordia, el disenso, el debate, la discusión y que, como conclusión, traigan el acuerdo y el consenso. No hay democracia que valga, ni sistema político moderno que sirva, sin estos elementos. Sin embargo, no se espera discordia, disenso y rencillas entre los miembros de un mismo gobierno o entre las autoridades de distintas instituciones. Entre ellos, se espera coordinación, se esperan acuerdos, unidad, planeación, pero, sobre todo, resultados. Éstos son elementos que alimentan a uno de los valores jurídicos y políticos más importantes: la certeza y la seguridad.

Sin certeza ni seguridad, estamos a expensas de las caprichosas voluntades de los gobernantes. Un Estado de Derecho, el más incipiente de ellos, lo primero que ofrece es certeza y seguridad jurídica. Cuando suceden eventos de esta magnitud, lo que se espera la ciudadanía es una respuesta seria y coordinada de todas las autoridades responsables. No podemos soportar más pleitos ni discordias como las que se han dado entre el titular del poder ejecutivo estatal y el fiscal general. Politizar el crimen es tan peligroso como el crimen en sí mismo. Cuando las tendencias políticas resultan ser más relevantes que dar respuesta a la ciudadanía, combatir la impunidad y atrapar responsables, el único bando que gana es el criminal.

La sociedad, no merece esto. La justicia no es gracia divina, sino es el resultado de un trabajo institucional el cual está en sus manos: háganlo.

La ley es clara y los facultados por ella están jurídicamente bien determinados, ojalá y pronto piensen que es más importante responder a la sociedad y resolver esta clase de calamidades que estarse limpiando las responsabilidades volteando a ver a unos, mientras esos miran a otros.

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