IMPULSO/Azul Etcheverry Aranda
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Este viernes en el marco de la Cumbre G-20 realizada en Buenos Aires, los presidentes Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau firmaron el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). A la firma acudieron las principales cabezas empresariales que acompañaron todo el proceso de negociación con el llamado “Cuarto de Junto”.
Sin duda alguna, se necesitó sumar varias voluntades para sacar adelante este acuerdo y que pudiera firmarse en el último día del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, incluso Trump y Trudeau reconocieron el esfuerzo del aún presidente mexicano, así como de su equipo para llegar a un acuerdo en beneficio de las tres partes y generar así certidumbre ante la situación económica y política compleja que atraviesa la región.
Debemos reconocer que el acuerdo sí pondera al menos dos situaciones: que, en principio, se tiene previsto que generen empleos mejor pagados en nuestro país y el resto de Norteamérica. El otro punto importante es el énfasis que se puso en la protección a la propiedad intelectual, lo que deriva en importantes avances en materia de competitividad.
En términos del acuerdo pactado, se acordaron modificaciones significativas que el gobierno estadounidense solicitó desde el inicio de la renegociación. En primer lugar, la cláusula Sunset, donde se pactó que el documento no sería revisado cada 5 años, sino que se marcaría una vigencia de 16 años con revisión cada 6, y en el caso de existir alguna diferencia, se abriría un periodo de 10 años como máximo para su resolución.
Una de las discrepancias más grandes y de mayor impacto se presentaba en el sector automotriz, donde la parte negociadora de EU pedía mantener el grado de componentes nacionales en un 62% para su libre exportación a tasa cero; sin embargo, se elevó finalmente a un 75%, además de que la fabricación de vehículos debe estar a cargo en un 45% de empleados estadounidenses con un sueldo de al menos 16 dólares por hora, indistintamente del país en el que se ensamblen.
En otros sectores importantes para la economía nacional, se eliminó la propuesta de imponer restricciones al sector agrícola por medio de la estacionalidad, y en seguimiento a las medidas tomadas durante el transcurso del año, se mantuvieron los aranceles para la importación de acero, al igual que para el aluminio, dos industrias de gran peso dentro de las exportaciones mexicanas. La magnitud del acuerdo hoy traduce en 66 dólares de cada 100 del intercambio comercial mexicano (48% del PIB mexicano).
En ese sentido, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que se buscará que dichos aranceles sean eliminados antes de la ratificación del documento en los congresos de los tres países. Dicho sea de paso, que con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en Washington, el proceso puede entorpecerse.
Destaco el esfuerzo y voluntad de todas las partes para sacar adelante este convenio y extiendo mi reconocimiento a todos los involucrados. Que sea por el bien y el progreso de México.
