IMPULSO/Fernando Díaz Naranjo
Artículo
Uno de los principales objetivos de cualquier gobierno es buscar todas las alternativas posibles para reducir la brecha de desigualdad de una población. Para ello, debe buscar generar, por ejemplo, las condiciones adecuadas y de coordinación institucional con el legislativo para crear, adecuar o de plano cambiar las leyes que puedan colocar algún impedimento en el desarrollo del país en la búsqueda del bienestar común de la población.
Si hablamos de nuestro país México, según el Coneval (con datos de 2016), se tenía una población de 53.4 millones de personas en estado de pobreza y casi 10 millones en pobreza extrema, lo que representa un porcentaje de poco más del 51% de la población (43.6 y 7.6% respectivamente) en esta condición.
Estos datos son por demás preocupantes si consideramos que la medición de la pobreza se basa fundamentalmente en los resultados de cuatro indicadores, a saber: situación de pobreza de la población; las carencias sociales tales como rezago educativo, carencia en el acceso a servicio de salud, alimentación o a la calidad y espacios de vivienda.
Consecuentemente, abatir la enorme brecha de desigualdad que vive nuestra población debe de ser el mayor objetivo del gobierno federal y del partido gobernante.
Para ello, se necesitan, recursos y voluntades, además de un programa con bases sólidas que generen las políticas públicas adecuadas, lo que debería traducirse en un enorme compromiso político de todos sus actores.
Sin embargo, cuesta trabajo pensar que caminamos por el rumbo correcto en razón de lo que hemos presenciado en últimas fechas: una serie de desatinos, por decir lo menos.
Bajo este contexto, se circunscribe la confrontación que se ha suscitado entre el gobierno y algunas instituciones, por ejemplo, con el INE en su momento y hoy con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, principalmente por su resolución más reciente en torno al proceso electoral del Estado de Puebla.
Pero la escalada mayor está en la Suprema Corte que no tiene tintes de resolverse en un corto plazo, así que seguramente continuaremos viendo dimes y diretes de un lado y del otro. La población se coloca como observador de esta confrontación, dando sus opiniones, tomando partido por alguna causa.
Inevitablemente estos eventos nos llevan a recordar aquella emblemática frase de López Obrador de hace algunos años: “al diablo con las instituciones”. Antes y hoy debemos decir que no se trata de eso. Se trata sí de revisar, sí de diagnosticar, sí de proponer, sí de señalar con elementos, sí de investigar, sí de dialogar, y sí de acusar o denunciar. Pero lo que no es válido es utilizar el foro público para colocar a los que tienen otra visión como “los malos”, los que se encuentran “in the dark side of the force”. Los que perdemos somos los ciudadanos.
Es cierto que México debe cambiar. La población que mayoritariamente votó por Morena y por AMLO así lo hicieron sentir, pero la polarización no es y nunca será el camino.
Lo que debe prevalecer es el respeto a la ley; si ésta tiene deficiencias hay que cambiarla, pero se debe evitar acciones fuera del marco normativo como las citadas consultas. Se deben de respetar las instituciones y no denostarlas. Debe comprenderse que los poderes tienen la función de hacer un equilibrio justo, de lo contrario podríamos caer en el autoritarismo.
Se está muy a tiempo de dar señales claras, contundentes y certeras que hagan de este gobierno el que todos esperamos, de lo contrario el primer índice evaluador será, sin duda, la elección “intermedia” federal de 2021. Hasta la próxima!!!
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