Blindar a los candidatos o las campañas
Julio Requena
Para algunos, resultará ocioso preguntarse si la violencia se resolverá una vez iniciadas las campañas o si es producto de la selección de candidatos en puntos rojos del Estado de México, al igual que pensar si en determinado momento tocará esa misma violencia a las campañas presidenciales aquí o en alguna otra parte del país.
Recordemos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tuvo que suspender una gira por Tamaulipas porque no había condiciones para realizarla en ese momento y posteriormente cumplió su arribó a ese estado de la frontera norte.
Hasta la fecha, no hemos sabido que los precandidatos presidenciales suspendan eventos de su agenda en las entidades federativas por amenazas o por malas condiciones de seguridad para el proselitismo. Los encargados a nivel interno se han encargado que eso no trascienda a la opinión pública para no enrarecer todavía más la contienda del 2018.
Sin embargo, los recientes hechos ocurridos en el Estado de México obligan a pensar en un posible blindaje a ciertos candidatos para no propiciar más alarma entre la población. Tenemos el caso de Izcalli con el candidato del PRI, Francisco Rojas San Román, pero anteriormente también se habló de amenazas al candidato de MORENA en Teotihuacan y hacia otros aspirantes que posteriormente se clarificaron.
Por lo anterior, la pregunta de blindar a los candidatos cobra relevancia, pero el Gobierno no puede cuidar a los aspirantes a los más de tres mil cargos que estarán en juego en el país este primeo de julio de 2018, lo que sí debería prever es salvaguardar la seguridad en las campañas electorales, los mítines o los recorridos proselitistas, pues la ciudadanía no puede ponerse en peligro de ninguna manera.
Basta con la inseguridad que viven los ciudadanos todos los días como para también pensar que los eventos políticos se pondrán difíciles o riesgosos. Hasta el momento, se habla de agresiones en solitario, de emboscadas, pero esta violencia no puede llegar a los actos masivos de ningún partido.
Sin duda, habrá quien vea en estos y otros actos la asechanza del crimen organizado en su disputa territorial, pero, más que ver hacia el pasado de los agredidos, hay que voltear a ver hacia la protección de la población. La democracia tiene que ser el ejercicio de la libre elección, el ejercicio del derecho de votar y ser votado, el camino para fortalecer la participación social y una esperanza de escenarios mejores en las comunidades, los municipios, los distritos y los estados.
Debemos preguntarnos cómo evitar que la violencia contra algunos candidatos toque a los ciudadanos. No puede ser pretexto el hartazgo, la corrupción ni la ineficiencia para cobrar la vida de algunos aspirantes o actores políticos, cuando está más viva la opción del cambio de gobierno, la oportunidad de corregir el rumbo mediante la lucha pacífica, la vía de la alternancia producto de la sociedad organizada.
A detalle: Ciertamente, hoy la sociedad tiene dos opciones, darle una segunda oportunidad a los que ya gobernaron o darle el voto de confianza a quienes no han ocupado las presidencias municipales, pero recordemos que muchos de ellos han pasado ya por el cargo hace algunos trienios o se han reelegido en las diputaciones federales o locales por espacios diversos.
Muchos ciudadanos no aceptan que la reelección ya existe desde hace tiempo, cuando hay políticos que han ocupado las senadurías en más de dos ocasiones, las diputaciones federales en más de tres y así, relativamente, con el aval de las urnas o sin él.
México es un pueblo anti-reeleccionista según las encuestas y por lo menos el 68 por ciento de la sociedad no ve con buenos ojos la reelección consecutiva, pues lo entiende como echar por la borda 100 años de lucha revolucionaria, no obstante, habrá que ver el escenario que se materialice en las urnas.
