La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de las Federación (TEPJF) una opinión con relación a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra del ‘Plan B’ electoral.
El documento será elaborado por la ponencia del magistrado electoral Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien si bien indicó que no puede pronunciarse sobre el fundamento jurídico de las reformas, señaló al menos ocho problemáticas que notó y algunas que pueden poner en riesgo la equidad en la competencia electoral.
Las opiniones requeridas por el ministro instructor de la Corte –en este caso Arturo Pérez Dayán– son “de carácter consultivo” y no vinculatorias para la resolución final, pero buscan aportar elementos para que los ministros analicen la primera parte del ‘Plan B’ electoral.
Fuentes participó en el Seminario El Plan B electoral, Equidad, Austeridad o Incertidumbre , en el que dijo que algunos cambios legales pueden generar complicaciones durante la fiscalización y otros dar ventajas a las fuerzas políticas con mas financiamiento.
De entrada, explicó, la Unidad de Fiscalización con autonomía técnica se convertirá en una dirección ejecutiva. Además, pese a avances que la Sala Superior “ ha considerado y construido a través de jurisprudencia” para establecer que en su tarea de auditar ingresos y gastos de los partidos y candidatos para el INE no existe el “secreto ministerial”, en el ‘Plan B’ –añadió– sólo se mantuvo lo que ya está en ley, que el organismo electoral puede trascender la secrecía bancaria, fiduciaria y fiscal ‘(El caso Pemexgate) permitió que se abrieran muchos candados. Yo me quedaría en ese sentido criticando esta ausencia de definición del legislador en esta modificación”, dijo Fuentes.
