IMPULSO/Irene Tello Arista
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El día de ayer, representantes del colectivo “Fiscalía Que Sirva” se reunieron con integrantes del equipo de transición de López Obrador. En la reunión, se acordó integrar una mesa de trabajo para exponer y contrarrestar las distintas perspectivas en torno a la creación de una Fiscalía General que haga frente a la crisis de inseguridad e impunidad que estamos viviendo. Esta reunión amplía el rango de la discusión en la que se había enfocado el tema de la Fiscalía: la autonomía de esta institución. Sin embargo, la discusión en torno al rediseño de la institución de procuración de justicia del país se ha focalizado en otros temas en detrimento de la misma. Estos temas son el papel de la sociedad civil y la centralización del análisis en la Fiscalía General, dejando de lado el tema de las procuradurías y las fiscalías estatales.
Respecto a la autonomía, la discusión de los últimos meses ha rondado en torno a la reforma al artículo 102 de la Constitución. Aunque es indispensable analizar el mecanismo de selección del próximo fiscal, se deben retomar también otros puntos que se abordan en el 102 como: los requisitos de elegibilidad de quien desempeñe el cargo, las causas y mecanismos de remoción del fiscal, las competencias del Ministerio Público de la Federación, la organización de la Fiscalía General (contemplando la creación de fiscalías especializadas), así como los principios que regirán a los funcionarios que laboren en esta institución.
En torno al tema de la participación de la sociedad civil en la transformación de la institución de procuración de justicia, las recientes discusiones han puesto a consideración el papel que juegan las organizaciones no gubernamentales en la creación de políticas públicas, así como los intereses que representan debido al financiamiento que reciben. Aunque se agradecen las reflexiones en torno al financiamiento y la pluralidad de perspectivas en la sociedad civil, esta discusión deja de lado la necesidad de integrar diversos puntos de vista en el rediseño de la institución de procuración de justicia. En la discusión, tendrán que participar a su vez las personas que operan en las procuradurías y fiscalías, así como colectivos de víctimas, académicos y legisladores.
Otro error en la reciente discusión está en concentrar toda la reflexión en el tema de la Fiscalía General y dejar de lado el tema de las procuradurías y fiscalías estatales. Gran parte de los delitos que nos afectan a los mexicanos (el robo, la extorsión, el homicidio doloso), son investigados por las procuradurías estatales. Estas instancias, que también transitan por sus propios procesos de autonomía, son un referente claro del problema de establecer autonomías sólo de nombre, sin tener autonomías presupuestales y políticas. También son un ejemplo de que el problema de la procuración de justicia del país radica a su vez en los recursos humanos y financieros que estas instituciones emplean, en los modelos de gestión y de investigación que establecen, así como en las políticas criminales que definen y que les permiten focalizar sus recursos de manera más efectiva.
La autonomía, ya sea de la Fiscalía General o de las fiscalías estatales, por sí misma, no garantizará una efectiva procuración de justicia en el país. Para lograrlo, se debe ampliar la discusión y empezar a ver los problemas que anegan a estas instituciones, tanto a nivel federal como estatal, sin dejar de lado las buenas prácticas que han desarrollado y que pueden ser replicadas.
