IMPULSO/ Ignacio Morales Lechuga
Columnista político
Vivimos un arranque de gobierno inédito; un presidente que cual pastor dominical dedica todas las mañanas a denunciar corruptelas, sin haber iniciado acción judicial contra ellas.
Después de más de dos meses de gobierno, solo sabemos del inicio de una carpeta de investigación, pese a que existen cientos de señalamientos emanados directamente del presidente en sus conferencias matinales. Sus afirmaciones frecuentemente son rectificadas por él mismo, en cambios de rumbo y actitud inesperados. La mayoría de las veces asume una actitud moralina, condenando por igual conductas de expresidentes, secretarios de Estado, empresarios o funcionarios públicos. Cuando se ve acorralado por las interrogantes de la prensa, esgrime el argumento de que las actuaciones de los imputados fueron legales pero inmorales. Si fuera cierto lo que afirma, sólo contribuye a solapar la impunidad.
Es el primer presidente en colocar la moral sobre el derecho, no obstante que la primera no posee el respaldo coactivo por parte del Estado, como sí lo tiene el segundo. Se niega a aplicar la ley y parece haber olvidado su protesta constitucional.
Todo parece indicar que el objetivo no es lograr la justicia sino el poder y el control unipersonal de cada rincón del país y de todo el espacio público. La vaguedad de los señalamientos y la personalización de las acusaciones anulan anticipadamente cualquier esfuerzo por reconstruir desde el derecho las debilitadas instituciones de justicia.
El titular del ejecutivo arguye que no quiere actuar contra los corruptos para no desatar una supuesta “cacería de brujas”, sin embargo, cuando no actúa con la Constitución y las leyes en la mano, olvida que han sido históricamente el mejor instrumento contra la venganza y la impunidad. Es el mundo al revés.
Son muchos ya los señalamientos del presidente y sus principales colaboradores de gabinete que terminan siendo rectificados en lo sustantivo por él o ellos mismos, o que originan inesperados cambios de rumbo que dejan a una parte del gabinete colgado de la brocha.
Sus comentarios infundados y su actuar desapegado a los códigos generan que sus denuncias sean estériles; aun así, miles de personas le creen ciegamente, como lo acreditan diversos estudios de opinión, donde la visión de una gran parte del electorado sobre el presidente no sólo es favorable, sino que va en aumento.
Hace a un lado el marco jurídico al dar cargos públicos que requieren conocimiento y hasta especialidad a pasantes y estudiantes surgidos de la lealtad incondicional, alentados incluso por una mayoría legislativa.
El proyecto del presidente no está centrado en la Constitución ni en las instituciones, sino en la concepción que tiene de sí mismo; esta forma de la real-politik tiene una consecuencia funesta que se verificará una vez que el encanto se rompa e inicie la decepción mayoritaria.
En otras ocasiones el acento es monárquico y tiránico, despreciando a sus críticos; a cada movimiento que no le agrada lo apoda “mafia”, denostando a varios sectores de la sociedad, al punto de llegar a proferir expresiones o descalificaciones que lo vuelven arrogante. No se puede imponer una forma común de pensamiento en una democracia que en esencia es plural.
No todo lo hecho en el pasado es despreciable, las estancias infantiles en el esquema que utilizan equivalen a la quinta parte de lo que cuestan las estancias actuales; si hay corrupción, que la elimine con la ley.
La 4T no advierte que infunde más temor que confianza. Bajo ese clima es difícil lograr las metas del crecimiento que se proponen. Que atraigan la inversión extranjera y no rechacen a calificadoras y organismos autónomos.
Aunque las intenciones del gobierno sean buenas, es necesario que se refleje en sus resultados; sé que está a tiempo de recapacitar y utilizar los grandes recursos legislativos y sociales que están a su alcance para recomponer el camino en favor de México y no el de su causa y partido; aún está a tiempo, México lo requiere.
