IMPULSO/Hernán Gómez Bruera
Desde hace 27 años, se conmemora en varios países del mundo el Día Internacional Contra la Homofobia; en México, sólo desde hace tres. El año pasado la conmemoración tuvo un carácter histórico —y simbólico— porque por primera vez se abrió la Residencia Oficial de Los Pinos a las organizaciones que luchan por la diversidad sexual. En aquel 17 de mayo, el Presidente escuchó demandas concretas de las organizaciones y dio respuesta a muchas de ellas. De esa reunión surgió una larga lista de acciones que involucraban por lo menos a cinco secretarías de Estado, a partir de las cuales se perfiló una política mucho más articulada sobre el tema.
Lo que más llamó la atención de aquella reunión, sin embargo, fue la iniciativa del presidente Peña Nieto para elevar el matrimonio igualitario a rango constitucional. Ese tema —que ni siquiera fue planteado por las organizaciones en aquella reunión— fue el que capturó la atención de los medios de comunicación y fue objeto de una gran rispidez social. El hecho de que esta iniciativa haya naufragado en la Cámara de Diputados generó desilusión en diversos sectores y la falsa impresión de que la reunión del año pasado fue inútil. Nada más lejano de la realidad.
Si se revisa con cuidado la lista de instrucciones presidenciales y lo que se hizo en un año, es claro que la agenda por la diversidad sexual avanzó como no lo ha hecho en ninguna administración federal previa e incluso —como reconocen activistas— en algunos ámbitos las acciones superaron sus expectativas.
Cuatro de cinco secretarías mostraron avances importantes. Entre otras acciones, se crearon protocolos para que a las personas LGBT no se las discrimine en el acceso a la salud y se les ofrezca un trato digno, se adoptaron medidas para que las procuradurías estatales investiguen adecuadamente casos de violencia contra ellas, se diseñó una Campaña Nacional Contra la Homofobia, misma que será lanzada el 14 de junio, se removieron obstáculos para la expedición de pasaportes a personas trans que ya cuentan con una nueva acta de nacimiento donde se reconoce su identidad y se creó un formato único de acta de nacimiento que permitirá a parejas del mismo sexo registrar a sus hijas e hijos sin discriminación.
Estas y otras labores tienen el potencial de transformar la forma en que funcionan nuestras instituciones y crear condiciones para mejorar en términos concretos la vida de las personas LGBT. Se han creado procedimientos y reglas —que hay que insistir en que se apliquen— para evitar la discriminación en instituciones públicas, con lo que se ha reducido el margen para que burócratas, que antes tomaban decisiones discrecionales basadas en prejuicios o estereotipos, hoy lo hagan siguiendo procedimientos y reglas. Hay que reconocer que mucho de esto se ha hecho de forma participativa y en procesos de deliberación con organizaciones sociales.
No cabe duda que la reunión en Los Pinos un año atrás, y muchos de los avances que han tenido lugar, tienen que ver con la lucha que por décadas han dado las organizaciones sociales involucradas en este tema.
