IMPULSO/ David Esquivel
Naucalpan
El Juzgado Décimo Sexto de Distrito recibió un recurso de amparo, interpuesto por particulares, contra del programa de reemplacamieto vehicular aprobado por el Congreso del Estado de México el 31 de diciembre del 2018, y que entra en vigor este 2019. Será aplicado de manera retroactiva en vehículos modelos 2013 y anteriores, en una primera etapa y, además, elimina el derecho a la “vigencia permanente” de las placas actuales que deben ser renovadas cada cinco años.
El Juzgado aceptó, para su análisis, el recurso de amparo presentado por el abogado Eduardo Wilfrido Hernández Leyva quien, a nombre de un grupo de inconformes, afuera del edificio de los juzgados de distrito con sede en Naucalpan, exigió la cancelación del decreto número 18 que reforma al artículo 77 del Código Financiero del Estado de México, y pone fin a la existencia de placas permanentes.
Explicó que el decreto número 18 emitido por el gobierno estatal y aprobado por una mayoría de diputados de Morena de la Legislatura del Estado de México el 31 de diciembre del 2018, es violatorio de derechos constitucionales y de las garantías individuales de los propietarios de vehículos automotores mexiquenses.
Wilfrido Hernández argumentó que el decreto violenta el artículo 14 constitucional, el cual establece que ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva en perjuicio de los gobernados. Y agregó: entonces, que el decreto será aplicado en una primera etapa a vehículos modelos 2013 y anteriores, “lo cual es ilegal”.
Dijo que la nueva norma, no puede ser aplicada a propietarios de vehículos modelos anteriores a la fecha de la aprobación del decreto número 18 del 31 de diciembre del 2018, porque la aplicación de la ley no es retroactiva, y “pues cuando se adquirió el derecho de los vehículos no existía esa disposición”, dijo.
Insistió en que, además, afecta a todos los propietarios de vehículos que pagaron el derecho por el uso de placas permanentes y “ahora tendrán que renovar las matrículas cada 5 años, eso es violatorio, incluso, de derechos humanos, entonces que nos regresen el dinero que pagamos por la permanencia”, comentó Wilfrido.
“El decreto número 18 aprobado por una mayoría de diputados de Morena en la Legislatura del Estado de México, es anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos de los mexiquenses”, planteó el abogado, Hernández Leyva también ex secretario del ayuntamiento de Ecatepec 2006-2009.
Insistió que los 75 diputados, principalmente del Partido de Morena, por ser mayoría, debieron ponderar la opinión e interés general de la ciudadanía y no “defender una opinión personal y de avaricia institucional”.