IMPULSO/ Daniel Cabeza de Vaca
Columnista político
Uno de los compromisos más relevantes que asumió el Presidente de la República para con la ciudadanía, es alcanzar la pacificación del país, promoviendo la reconciliación nacional y la creación de mecanismos que garanticen un adecuado acceso a la justicia, así como la reparación a las víctimas, y una efectiva reinserción social.
La amnistía no es una solución para nosotros. En el mundo, las amnistías que han sido decretadas recientemente estuvieron relacionadas con regímenes militares y conflictos armados, como la guerrilla armada en Colombia, las dictaduras en España, Chile, Argentina o Sudáfrica. En México, el último antecedente es la Ley de Amnistía que se otorgó en 1994 a los integrantes del movimiento zapatista en Chiapas.
La inseguridad, violencia, corrupción e impunidad que estamos viviendo es producto de sucesos criminales de la delincuencia organizada y no sociales o políticos. Para recuperar la paz, no hay otro camino que hacer valer el estado de derecho. A los delincuentes hay que llevarlos ante un juez. La solución no es la implementación de un sistema de justicia transicional o humanitaria, porque difiere del origen de su causa. Dicha situación hace muy complicado pretender aplicar soluciones generales y simplistas, en las que, por medio de una sola Ley, reformas legales o incluso constitucionales, podamos resolver la difícil situación.
Para alcanzar la paz, en primer lugar, debemos ocuparnos de las víctimas y restaurarles en el pleno ejercicio de sus derechos. Se hace necesario llevar a cabo una verdadera estrategia de justicia restaurativa que privilegie la conciliación y el diálogo en donde los ofensores asuman su responsabilidad ante la víctima. El derecho penal punitivo se debe considerar como el último recurso, la última instancia para resolver el problema de seguridad, porque no es el medio idóneo para buscar mejorar las condiciones sociales.
Con la delincuencia que estamos viviendo, el sistema de justicia penal adversarial se está viendo rebasado. Una forma de nivelarlo es incrementar los estándares de aplicación de la justicia restaurativa que garantice los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición. No estaríamos en presencia de una estrategia de seguridad ni de una amnistía, ni de un proceso particularmente de paz, sino de un proceso de transformación que implica un cambio cultural y de actitud en la ciudadanía.
La justicia restaurativa tendrá por objeto la reparación a favor de las víctimas, y contribuirá para alcanzar la plena vigencia del estado de derecho, mediante soluciones alternas de controversias y reparación completa, que garantice la observancia a las normas. Esto es, que la ley se aplique, se respete y se haga justicia. Es necesario que modifiquemos nuestra forma de pensar como sociedad. Debemos deshacernos de muchos atavismos, pero, sobre todo, que la educación que demos a nuestros hijos los lleve a buscar el cumplimiento espontáneo de la ley. En esta nueva estrategia habrá que atender a nuestra diversidad cultural y étnica privilegiando los usos, las costumbres y las tradiciones.
En ese contexto, hay que promover, con resultados, la confianza en el estado de derecho, la conciliación y el perdón apegado a la justicia restaurativa para el pueblo bueno que ha sido víctima de la delincuencia, y sin criminalizar a quienes involuntariamente se han visto envueltos con los delincuentes. A los verdaderos criminales, que son los responsables del estado de degradación, violencia y corrupción que estamos viviendo, hay que aplicarles las leyes especializadas en materia de delincuencia organizada que endurecen las sanciones y recogen todas las herramientas y mecanismos que a nivel internacional se aceptan. Esta política criminal ha dado resultado en otros países, como en Italia con el conocido “Maxiproceso”, en donde se enjuiciaron a muchos jefes de la delincuencia organizada, gracias a la disminución de penas a los testigos colaboradores, lo que llevó a desarticular grandes organizaciones criminales.
En suma, tenemos que evitar que pudiéramos ser declarados como “país en conflicto”, no necesariamente armado, como lo ha sugerido Trump debido al incremento de homicidios. Tenemos que cambiar en el pueblo la percepción de inseguridad e impunidad que hoy lo tiene postrado. Hay que levantarnos y demostrar a todo mundo que estamos transitando hacia un país en donde impere el estado de derecho y la justicia sea una realidad para todos.
