IMPULSO/ Agencia SUN
Bruselas, Bélgica
El juicio sobre la venta irregular de armas alemanas a México, algunas de las cuales fueron usadas en Iguala, Guerrero, durante la noche en la que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, está por concluir tras casi 10 meses de audiencias en Stuttgart.
El Tribunal Regional de la entidad teutona prevé pronunciarse este jueves sobre un proceso impulsado desde la sociedad civil y que involucra directamente a seis ex empleados de la casa armamentista Hecker & Koch.
Aunque durante las audiencias orales se presentaron también evidencias que salpicaron, por supuestos actos de corrupción, tanto a políticos alemanes como a miembros de las Fuerzas Armadas de México.
Entre los nombres que salieron a relucir durante el proceso figura el del general en retiro Guillermo Aguilar, entonces director de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien habría recibido de manera ilícita 117 mil dólares por evadir los certificados de garantía sobre el destino final del equipo alemán.
El investigador y pacifista Jürgen Grässlin, uno de los protagonistas de la demanda presentada ante la fiscalía alemana, dijo a EL UNIVERSAL que, sin la complicidad del general en retiro, las fuerzas estatales cooptadas por el crimen organizado y responsables de graves violaciones a los derechos humanos en México, nunca hubieran tenido acceso a miles de armas alemanas. “Lamentablemente en Stuttgart nadie estuvo interesado en Aguilar”, apuntó.
La primera demanda contra la empresa militarista con sede en Oberndorf am Neckar, fue presentada en 2010, pero fue hasta mayo de 2018 cuando finalmente inició el proceso contra Peter Beyerle, Joachim Meurer, Markus Bantle, Ingo Sahlmann, Wolfram Mackrodt y Marianne B., antiguos funcionarios de la firma alemana.
La acusación fue presentada bajo el cargo de violación a la Ley de Control de Armas de Guerra y Comercio Exterior; concretamente por la transferencia a México de 9 mil 472 fusiles G-36 entre 2006 y 2009, de los cuales unos 4 mil 767 (comprados a un precio superior a los 4.13 millones de euros) pararon en Jalisco, Guerrero, Chiapas y Chihuahua, cuatro entidades prohibidas por Alemania para recibir armamento debido a su precario récord en materia de derechos fundamentales.
El proceso fue presidido por el juez Frank Maurer, quien escuchó testimonios y recibió documentos confidenciales, comunicaciones privadas vía correo electrónico y fotografías como parte de la evidencia.
Ante la decimotercera Gran Sala de Asuntos Económicos Penales del Tribunal Regional de Stuttgart, se celebraron alrededor de 25 audiencias; en una de ellas, la del 7 de junio de 2018, Steffen E., de la Oficina de Investigación Criminal de Aduanas en Colonia, habló sobre cómo los acusados no sólo sabían que las armas serían entregadas a estados no autorizados, sino que lo fomentaron.
Grässlin espera que el proceso pase a la historia como el primero que pone contra las cuerdas a la “intocable” empresa Hecker & Koch y sirva como precedente para reforzar el certificado alemán de exportación de armas, particularmente en el rubro del control sobre el uso final.
La plataforma compuesta por organizaciones como el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos y Global Net Stop The Arms Trade, quiere además que la sentencia se traduzca en una sanción económica contra Heckler & Koch, la cual equivaldría al precio de las armas enviadas a los estados no autorizados, aproximadamente 4.1 millones de euros.
“Solicitamos que el dinero se destine al trabajo de derechos humanos en México. Además que la empresa Heckler & Koch cree un fondo en beneficio de las víctimas por el uso del armamento”, señalan en un comunicado.
Durante los hechos violentos del 24 de septiembre de 2014 en Iguala, se encontraron armas alemanas que fueron disparadas. Posiblemente una de ellas fue la que hirió ese día al estudiante Aldo Gutiérrez Solano, quien desde entonces se encuentra en estado vegetativo.
