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San Diego
Un juez federal falló el martes contra la decisión del Gobierno de Donald Trump de cancelar el programa que protege de la deportación a algunos jóvenes inmigrantes, y describió la argumentación del Departamento de Seguridad Nacional contra el programa como “caprichosa y arbitraria”.
El juez de distrito John D. Bates, de Washington, escribió que la decisión de rescindir el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) “fue ilegal y debe ser desechada”.
Bates escribió que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “se sustentó principalmente en su opinión de que el programa era ilegal. Pero tal discernimiento quedó virtualmente sin explicación, y por ello no puede sustentar la decisión de la dependencia”.
El juez dio a la dependencia 90 días para “explicar mejor su argumento de que el DACA es ilegal”. Si el DHS no puede brindar una mejor explicación, “debe aceptar y procesar todas las nuevas solicitudes y renovaciones del DACA”, agregó.
El DACA permitía que algunos inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños -que comúnmente son denominados dreamers- obtuvieran permisos renovables de estancia y de trabajo.
El presidente Donald Trump anunció el año pasado que cancelaría el programa, el cual fue instaurado durante el gobierno de Barack Obama. Fue rescindido oficialmente en marzo, pero el DHS sigue emitiendo renovaciones debido a órdenes judiciales previas.
El magistrado, que falló en favor de un par de demandas presentadas por la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) y la Universidad Princeton, explicó que la explicación de la administración fue “especialmente atroz” porque no mencionaba que muchos de los cientos de miles de beneficiarios obtuvieron empleos y empezaron estudios basándose en la suposición de que podrían renovar el permiso.
El DHS no respondió de inmediato a una petición de comentarios.
En septiembre anunció que eliminaría progresivamente el DACA en seis meses, calificando el programa iniciado en 2012 de abuso de poder por parte de Obama.
El departamento señaló que se vio obligado a actuar ante la amenaza de Texas y otros estados de presentar demandas, lo que planteó la posibilidad de un final caótico para el plan.
El presidente de Princeton, Christopher L. Eisgruber, declaró que estaba “encantado” con la sentencia.
“Si bien la decisión no resuelve por completo la incertidumbre que enfrentan los beneficiarios del DACA, rechaza de forma inequívoca el argumento que ha ofrecido el gobierno para finalizar el programa y deja en claro que el (Departamento de Seguridad Nacional) actuó de forma arbitraria y caprichosa”, mencionó.
En enero, el juez de Distrito de Estados Unidos William Alsup en San Francisco dictaminó que el Gobierno no justificó el final del programa y su requerimiento obligó a las autoridades a volver a aceptar las peticiones de renovación en el plazo de una semana.
El juez de Distrito de Estados Unidos, Nicholas G. Garaufis, en Nueva York emitió un fallo similar en febrero, mientras que un juez federal de Maryland se pronunció de parte del Gobierno.
Casi 690 mil personas, de las cuales ocho de cada diez procedían de México, se beneficiaban del programa cuando el Gobierno de Trump anunció su finalización en septiembre.
Para solicitar la protección del DACA, los migrantes tienen que haber entrado al país antes de su 16to cumpleaños, tener menos de 31 años a fecha de 31 de junio de 2012, haber completado estudios de secundaria o servido en el ejército y no tener antecedentes. Los permisos, que se emiten por dos años, pueden ser renovados. EL FINANCIERO
