IMPULSO/ Redacción
Madrid, España
Las negociaciones políticas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de los magistrados españoles, levantó una oleada de críticas por parte de las asociaciones de jueces que consideran inaceptable la injerencia del gobierno y los partidos en la conformación del aparato de Justicia.
El sistema de elección de altos cargos de la judicatura, en el que intervienen activamente el Ejecutivo y las formaciones políticas a través del poder legislativo, es una de las causas de la vulnerabilidad de la justicia en España, según señalan expertos y organismos internacionales.
Los 20 vocales que integran el CGPJ, entre jueces y juristas, son designados por el Congreso y el Senado previo reparto de cuotas entre los grandes partidos que seleccionan sus nombres de una lista remitida por las asociaciones judiciales. Precisamente, el CGPJ es el encargado, entre otras funciones, de garantizar la independencia del poder judicial.
Los magistrados demandan que todos los vocales del CGPJ provengan del sector judicial y que los jueces que integran este organismo sean elegidos por sus homólogos, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías.
“Con la protesta queremos evitar la injerencia política en el ámbito judicial, una injerencia que también reconocen las instituciones europeas. Si Europa nos está diciendo cómo evitar la corrupción y los políticos españoles no lo quieren hacer, entonces tenemos un problema”, señala a EL UNIVERSAL Raimundo Prado, magistrado y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
“Como no se quiso reformar la ley seguimos en el mismo sistema en el que son los partidos mayoritarios los que están negociando los futuros vocales [del CGPJ] para los próximos cinco años. Además, otros partidos minoritarios están intentando sacar réditos de esta circunstancia. Se utiliza la Justicia como moneda de cambio para otras cuestiones”, agrega el juez español.
Los órganos superiores que atienden asuntos muy importantes para la justicia en España no ofrecen la apariencia de credibilidad e independencia necesarias, porque muchos de sus miembros están nombrados directamente por personas que a su vez fueron designados por políticos, indica el Magistrado.
“Lo que planteamos es que a la mayoría, los 12 vocales judiciales del CGPG, los nombremos los jueces que en principio no tenemos inclinaciones ni poder político. También reivindicamos criterios objetivos para acceder a los máximos organismos”, detalla el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
La politización de los máximos estamentos jurídicos, como consecuencia de la negociación de cuotas entre los principales partidos, y los vínculos de las autoridades judiciales con el Gobierno de turno, repercuten negativamente en la credibilidad de la justicia española que ha pasado a ser una de las instituciones que más desconfianza genera entre la ciudadanía.
El informe publicado por la Comisión Europea en mayo de 2018, subraya que el 49% de los españoles considera mala o muy mala la independencia de tribunales y jueces, mientras que apenas el 39% sostiene que esta independencia existe en la práctica.
A pesar de que el presidente Pedro Sánchez cuando lideraba la oposición en 2014 se comprometió a promover un CGPJ verdaderamente independiente del Ejecutivo, el líder socialista optó finalmente por retomar la vieja práctica de negociar con el derechista Partido Popular (PP) y otras formaciones la composición del poder judicial, lo que ha vuelto a indignar a los Magistrados.
La renovación del CGPJ está pendiente luego del desacuerdo entre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el PP. Los conservadores se retiraron del pacto después de que su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, difundiera a finales de 2018 un polémico WhatsApp en el que se jactaba de que el PP pasaría a controlar con los nuevos nombramientos el máximo órgano de los jueces, lo que provocó la protesta de todas las asociaciones judiciales.
Las reivindicaciones de los magistrados alcanzaron su máxima expresión en 2018, cuando unos 5 mil 400 jueces y 2 mil 500 fiscales de toda España llevaron a cabo dos huelgas para demandar, entre otras reivindicaciones, un reforzamiento de la independencia del poder judicial frente a la injerencia de los grandes partidos.
