IMPULSO/ Agencia SUN
CDMX
A tras de la Migración Centroamericana/reportaje
En los años recientes, la inestabilidad política y social que genera pobreza y migración no puede desasociarse del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (por sus siglas en inglés CAFTA-DR), formada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la nación antillana.
La historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en el hemisferio occidental es bien conocida—tomen por ejemplo el caso cubano—, pero pocos saben de su responsabilidad, combinada con las políticas de “libre comercio”, como causa fundamental de la migración masiva en el Triángulo Norte de América Central integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, los tres países dejados sin ayuda económica por la Casa Blanca esta semana.
Debido a su posición estratégica como una estrecha franja de tierra entre los océanos Atlántico y Pacífico, así como un puente natural que une a América del Norte y del Sur, la región atrajo el interés de Washington y de empresas privadas desde que Estados Unidos comenzó su expansión al oeste y la Doctrina Monroe fue proclamada en 1823. Después de la guerra con México de 1846-1848, Nicaragua y Panamá (entonces parte de Colombia) fueron los primeros objetivos de la interferencia de Estados Unidos en América Central, con el fin de ampliar su economía esclavista y proteger el ferrocarril transoceánico, enlace vital entre las costas oriental y occidental del país reemplazado en 1914 con el Canal de Panamá.
En 1903, tropas estadounidenses desembarcaron en Honduras en la primera de cinco ocasiones en los siguientes veinte años, para ayudar a mantener el orden en Puerto Cortés en medio de la guerra civil que enfrentó a liberales y conservadores.
Un presidente liberal, Miguel Dávila, fue derrocado en 1911 por su predecesor, Manuel Bonilla, apoyado por el magnate bananero estadounidense Sam Zemurray y el mercenario Lee Christmas, quien se convirtió en comandante en jefe del ejército hondureño.
A fines del siglo XIX, Tegucigalpa otorgó tierras en su costa norte a firmas de ingeniería y de producción de fruta de Estados Unidos, que atrajeron a miles para trabajar en los plantíos de plátano y otros sectores que crecieron en torno a la industria de exportación.
Para 1930, empresas como Cuyamel Fruit Company (fundada por Zemurray) y United Fruit Company (UFC, hoy Chiquita Brands International) controlaban un enclave virtual en el norte, autosuficiente y libre de impuestos que contribuía muy poco al desarrollo, gozaba de enorme influencia política en la capital de Jamaica, así como de Honduras Británicas (hoy Belice).
Durante este periodo el escritor estadounidense O. Henry, quien vivió en Honduras, acuñó el término “República bananera” para describir a países agrícolas pequeños dominados por el creciente poder global de Estados Unidos.
La situación era similar en Guatemala, donde el presidente Juan José Arévalo decretó un código laboral que dio por primera vez a los trabajadores el derecho a sindicalizarse y exigir aumentos salariales en 1947, provocando que UFC cabildeara la intervención de Washington.
Guerra psicológica
En 1954 el gobierno del presidente Jacobo Árbenz, que avanzaba en sus planes de reforma agraria, terminó derrocado por la CIA, que recurrió a la guerra psicológica al difundir noticias falsas en una estación de radio sobre “miles” de tropas rebeldes que se acercaban a Ciudad de Guatemala, encabezadas por el teniente coronel exiliado Carlos Castillo Armas.
Después de que un desmoralizado Árbenz renunció, su familia permaneció 73 días en la embajada mexicana en Ciudad de Guatemala, que le garantizó asilo honrando la tradición diplomática de nuestro país.
El fin de los “diez años de primavera” en Guatemala detonó una represión indiscriminada, hasta el grado en que Charles Maechling Jr., asesor en contrainsurgencia del Departamento de Estado, revelaría más tarde la “complicidad directa” de Estados Unidos en crímenes de guerra, que comparó con los “métodos de los escuadrones de exterminio de Himmler”.
Sin embargo, los abusos contra los derechos humanos se incrementaron en los años 80, cuando la administración Reagan lanzó una gran ofensiva contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica en el contexto de la Guerra Fría y de los reveses regionales sufridos por Washington con la victoria de los sandinistas en Nicaragua y la firma del Tratado Torrijos-Carter, que transfirió a Panamá el control de la Zona del Canal (1979).
Bajo la dirección de John D. Negroponte, embajador de Estados Unidos en Honduras y del secretario asistente de Estado para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, Elliott Abrams—ahora representante especial para Venezuela—, Honduras fue transformada en un cuartel general para la subversión y los esfuerzos contrainsurgentes.
Para Guatemala, esto significó el genocidio de la población maya ixil (más de 150,000 civiles asesinados) por las dictaduras de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, que utilizaron fuerzas especiales entrenadas en la Escuela de las Américas, dirigida por el ejército estadounidense.
Alarmado por la entrada de 250,000 refugiados a su frontera sur y la inestabilidad regional, México promovió reformas políticas y negociaciones de paz con Venezuela, Colombia y Panamá mediante el Grupo Contadora, que redujo el riesgo de una intervención militar directa de Estados Unidos en Nicaragua y El Salvador.
La guerra civil salvadoreña, no obstante, cobró la vida de más de 75,000 personas.
En el diminuto y sobrepoblado país, la historia de la injerencia estadounidense se remonta a la década de 1930, cuando Washington y Gran Bretaña, propietarios de la mayoría de los plantíos de café y de los ferrocarriles orientados a la exportación, respaldaron al dictador Maximiliano Hernández Martínez para aplastar una rebelión comunista, matando a 40,000 campesinos.
El último golpe apoyado por Estados Unidos en el Triángulo Norte tuvo lugar en 2009.
El presidente Manuel Zelaya, quien estableció políticas progresistas como el aumento del salario mínimo, fue exiliado por los militares después de que anunció que se efectuaría un referéndum para sustituir a la Constitución de 1982, aprobada por Abrams.
El Departamento de Estado, bajo el mando de Hillary Clinton, rechazó sumarse al llamado internacional —respaldado por México—para el “regreso inmediato e incondicional” de Zelaya al poder.
En los años recientes, la inestabilidad política y social que genera pobreza y migración no puede desasociarse del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (por sus siglas en inglés CAFTA-DR), formado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la nación antillana.
Pese a la oposición de las centrales obreras y los agricultores locales, que temían ser desplazados por los productores a gran escala de Estados Unidos, Honduras fue el segundo país que entró al CAFTA-DR en 2005, lo que lo convirtió de exportador agrícola neto a importador, con la pérdida de empleos y una creciente emigración rural.
Según el modelo de reducción de aranceles del acuerdo, todos los bienes industriales y comerciales estadounidenses ingresan sin restricciones a El Salvador, creando condiciones imposibles para que la industria local pueda competir.
Para 2016, el país tenía un déficit comercial negativo con Estado Unidos por USD $4.18 mil millones, pero la administración Trump, concentrada en la campaña electoral estadounidense del próximo año, emprendió medidas para recortar alrededor de USD $700 millones en ayuda a El Salvador, Honduras y Guatemala.
