IMPULSO/ Miguel A. García
Toluca
El monto promedio que recibe una persona mayor de 60 años como parte de alguno de los programas sociales de pensión alimenticia o económica llega apenas a los 642 pesos mensuales, cantidad insuficiente para garantizar calidad de vida en rubros de salud, servicios y alimentación.
De acuerdo con la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Isalia Nava Baños, este escenario genera que más del 80 por ciento de esta población reciba ingresos por alguna transferencia para subsistir, ya sea por donativos, remesas o de apoyos del gobierno, ya que es minino el porcentaje que goza del derecho a una jubilación.
Al participar en el Seminario Taller Internacional sobre Envejecimiento Demográfico: Salud, Dependencia y Cuidados que realiza la UAEM, la investigadora expuso que esto genera que las trasferencias gubernamentales sean de gran importancia, sobre todo para la población femenina.
“La importancia de estas políticas termina siendo su fuentes de ingreso, pero muchos de estos ingresos, cuando revisamos la definición de seguridad económica, la población a veces no tiene la garantía de que los va a recibir”.
Estas cifras permiten exponer cuál es la realidad de las personas en edades avanzadas sin seguridad social, desprotegidas y trabajando, por lo que estos mecanismos de seguridad económica son insuficientes para garantizarles nivel de vida.
En nuestro país, también se vive el fenómeno de la feminización de la vejez porque hay un proceso de este tipo mayoritariamente femenino.
