Julio 16, 2024
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Instala OSFEM Equipo de Gestión de Riesgos de Corrupción

Es una de las primeras instituciones en iniciar los trabajos para reducir la probabilidad de ocurrencia de intentos o actos de corrupción.

La Unidad de Seguimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) se instaló formalmente como Equipo de Cumplimiento de Gestión de Riesgos de Corrupción al interior de este órgano fiscalizador, en atención a la entrada en vigor del Modelo de Gestión Riesgos de Corrupción para el Sector Público del Estado de México (MOGERIC).

El propósito de dicho modelo es prevenir la corrupción en el sector público, crear herramientas preventivas para incrementar la confianza ciudadana a través del fortalecimiento de la transparencia y ratificar el empeño de las y los servidores públicos para ejercer sus funciones bajo una cultura de ética pública e integridad.

El objetivo general del MOGERIC es sentar las bases para que las y los servidores públicos, realicen una adecuada gestión de riesgos de corrupción, entendida como la aplicación y utilización de metodologías, métodos, técnicas y herramientas que previenen, administran y contienen sus efectos en los procesos, comportamientos o conductas, partes interesadas, así como en disposiciones normativas, y cuyas tareas las encabeza el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva.

El Equipo de Cumplimiento de Gestión de Riesgos de Corrupción (ECGRC) del OSFEM asumirá el compromiso para hacer cumplir los objetivos trazados y la operación en los entes públicos; su propósito es identificar, analizar y definir de manera colegiada las estrategias de tratamiento de los riesgos de corrupción potenciales.

Entre sus funciones, estará el dar cumplimiento a las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción relacionadas con la gestión de riesgos de corrupción en el sector público del Estado de México; sensibilizar a las y los  servidores públicos sobre la importancia de la gestión de riesgos de corrupción; desarrollar una Política de Integridad en cada ente público evaluado, así como una declaratoria de compromiso de cumplimiento; recolectar información y evidencia de las posibles fuentes o causas donde se encuentre un potencial problema de corrupción así como identificar sus causas, entre otros.