Mario Maldonado
Ahora, casi dos años después, el Insabi trata de recrear esos formatos de distribución en las mismas condiciones y prácticamente con los mismos actores
Las novatadas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido en buena parte de la administración pública harán crisis en el sector salud, con un desabasto de medicamentos sin precedente en la historia del país.
Por increíble que parezca, ni el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ni la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos consideraron el proceso de distribución en su mega compra de medicamentos, por lo que no se han podido llevar hasta los centros de salud pública los fármacos que ya se compraron.
Fuentes cercanas a esta operación aseguran que en la ecuación de Juan Antonio Ferrer, director del Insabi, y de Guiseppe Mancinelli, de la UNOPS, el traslado de insumos médicos a clínicas y hospitales del sector salud correría a cargo de la distribuidora del gobierno federal Birmex, de Pedro Zenteno, pero no contaban con que el organismo creado para esos fines estuviera saturado para estas fechas con la distribución de vacunas anticovid, un proceso que tampoco se ha realizado bien, a la luz de los reportes sobre lotes de antígenos en descomposición.
Ante este golpe de realidad, el Insabi y la Secretaría de Salud, que encabeza Jorge Alcocer, han prometido la contratación de por lo menos 11 proveedores del servicio de logística que deberán distribuir 320 millones de unidades de fármacos que se adquirieron con los laboratorios de innovación, y que representan apenas 20% de la compra consolidada, es decir 570 claves de fármacos de patente o de fuente única.
Luego vendrá un proceso todavía más retador para la estrategia de logística. Se trata del traslado de mil 600 millones de unidades de genéricos que representan 80% de la compra de medicamentos del sector público, distribuida en otras casi 500 claves que se comprarán en las próximas semanas principalmente con laboratorios mexicanos, a pesar de que el objetivo de contratar a través de UNOPS era prácticamente dejar fuera a los nacionales y dar entrada a laboratorios de países como India o Argentina, que prometían costos más bajos.
La idea de un mercado plagado de corrupción, en el que las empresas distribuidoras o especialistas en logística no eran más que “intermediarios” o “acaparadores” que encarecían el producto final, llevó a Andrés Manuel López Obrador y a la otrora Oficial Mayor, Raquel Buenrostro —apoyados por el flamante subsecretario de Salud, Hugo López Gatell—, a desarticular la cadena de suministro de medicamentos.
Ahora, casi dos años después, ante la posibilidad de que las clínicas y hospitales que dan servicios de salud a sectores vulnerables se queden sin medicamentos, el Insabi trata de recrear esos formatos de distribución en las mismas condiciones y prácticamente con los mismos actores.
Se preparan entonces para resolver la emergencia empresas antes señaladas por este gobierno de presunta corrupción, como Dimesa, de Carlos Álvarez Bermejillo, y Maypo, de Carlos Arenas; ésta última, muy activa todavía en las contrataciones de los institutos de salud, principalmente en el IMSS, de Zoé Robledo, con 127 contratos en 2021 por más de 114 millones de pesos.
También se vislumbra el regreso —con otra razón social, por supuesto— de la polémica Savi Distribuciones, de Francisco Villela y Javier Salazar, quienes habrían puesto ya más que un pie en las licitaciones del gobierno, con un contrato por 325 millones de pesos para entregar 100 mil pruebas rápidas de Covid-19 al Seguro Social, en un contrato que estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2021.
El único escenario que podría evitar una crisis de distribución es que los medicamentos prácticamente no sean comprados, algo que tampoco suena descabellado si se da seguimiento al rumbo que ha tomado el proceso de contratación. El desabasto y la crisis de salud están a la vista.
Twitter: @MarioMal
