IMPULSO/Miguel Á. García/Toluca
Javier Vargas Zempoaltécatl, secretario de la Contraloría, dio a conocer que en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) pusieron operación el Operativo de Blindaje Electoral para garantizar la legalidad y apego a la norma por parte de los funcionarios estatales con motivo del proceso local y federal.
De acuerdo con el funcionario, son siete los ejes de acción que desarrollarán hasta el primero de julio, de los que destacan la inclusión de leyendas en los talones de pago a los servidores públicos en cuanto a sus derechos y obligaciones.
“El señor gobernador nos ha instruido llevar a cabo acciones muy precisas para garantizar la legalidad, transparencia y la imparcialidad del proceso electoral. Dentro de ese contexto, la secretaría de la Contraloría –pide- el apego a la legalidad de parte de los funcionarios”, expresó.
El programa comprende el envío de mensajes institucionales a todos los funcionarios estatales sobre las conductas que pueden ser señaladas como delitos electorales.
Resaltó la verificación y resguardo de los recursos del aparato estatal, en busca de que los días previos y el posterior a la jornada electoral del primero de julio todos los bienes queden resguardados y no den paso a la comisión de algún delito electoral.
En este sentido el funcionario advierte que cualquier omisión o abuso será sancionado, toda vez que una falta sea en hecho u omisión puede dar lugar a diferentes responsabilidades.
“Esa conducta o hecho también podría constituir una posible falta administrativa y en términos de nuestra ley de responsabilidades administrativas del Estado de México y municipios se identifican faltas administrativas graves y no graves. ¿Qué faltas? Por ejemplo: condicionar la prestación a cambio de una promesa o de obligar a un ciudadano a pronunciarse en su voto en favor de un determinado candidato o partido”.
Destacó que también se sanciona “el utilizar los programas sociales o construir obras para coaccionar también el voto o obligar a los subordinados y servidores públicos a votar por determinada persona”.
