IMPULSO/ Julio Salazar Ramírez
Hace unos días, se dio a conocer una nueva propuesta de ley para regular el cannabis. La regulación propuesta resulta del análisis de 10 iniciativas, que fueron seleccionadas entre las más de 70 existentes.
El nuevo proyecto, al igual que algunas propuestas anteriores, contempla cuatro tipos de usos: “lúdico”, científico, médico e industrial. Algunos aspectos son positivos, sin embargo, tiene problemas graves que explicamos aquí.
A pesar de la extensión del dictamen (contiene 74 artículos, 5 títulos, 9 capítulos y 11 artículos transitorios), la regulación propuesta no refleja una compresión clara de lo que es el cannabis. Así, establece definiciones que hacen difícil su aplicación y que abiertamente contradicen definiciones internacionales y avances científicos. Por ejemplo, la propuesta define a el cannabis como: “Término genérico empleado para designar las semillas, plantas o partes de la misma, que contiene componentes CBD y THC, la cual puede o no producir efectos psicoactivos”. Sin embargo, el consenso internacional señala que cannabis son las sumidades de la planta, que contienen más de 100 compuestos, llamados cannabinoides, aparte de terpenos y favonoides, polifenoles, aminoácidos y vitaminas, entre otros muchos, llegando a producir hasta más de 500 compuestos químicos diferentes. Resulta preocupante y absurdo incluir en la definición a las semillas, a pesar de que no contienen CBD o THC.
Pero quizás lo más preocupante es el desfase entre lo que el proyecto dice querer hacer y lo que hace. Entre sus ejes rectores está el empoderamiento de grupos de campesinos; la protección de grupos vulnerables, y la promoción de los Derechos Humanos. Sin embargo, establece barreras de entrada que concentran en manos de unos cuantos agentes económicos el mercado del cannabis. Además, establece requisitos de testado y trazabilidad de las semillas, plantas y productos del cannabis y sus derivados que implican costos que sólo podrían ser cumplidos por algunas empresas. Esto excluye la posibilidad de que campesinos independientes participen del mercado legal, pues cultivan en campo abierto y no pueden etiquetar y seguir cada planta y sus derivados a lo largo del proceso.
Para el consumo propio, la propuesta también es taxativa. Exige a quienes quieran cultivar en casa, un permiso del Instituto que se va a crear, se les obliga a realizar adecuaciones a sus domicilios, importar las semillas y de someterse a visitas de verificación. Debe destacarse que la legislación obliga a los mexicanos a comprar semillas extranjeras. Además de la burocracia que esto implica, el sistema penal sigue siendo el instrumento central para sancionar a quienes incumplan con la larga lista de requisitos.
Otra cuestión preocupante es que esta regulación deja sin tocar los permisos otorgados ilegalmente con los infames “Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma“, emitidos el 30 de octubre de 2018 por Cofepris, para la comercialización de productos derivados de cannabis que evidentemente no son de uso medicinal (bebidas alcohólicas, dulces, refrescos y maquillaje).
Es urgente que se modifique y se emita una regulación en la materia. Sin embargo, esta debe ser completa, que regule toda la cadena de producción y los distintos usos; balanceada, que contemple más de una vía de abastecimiento y controle la disponibilidad de la sustancia; cuidadosa, que impida el acceso a personas menores de edad e implemente controles de calidad; incluyente, que cuente con acceso efectivo a grupos vulnerables en el mercado, y evaluable, que incluya monitoreo y corrección efectiva de políticas públicas a una institución especializada.
