IMPULSO/
Ignacio Morales Lechuga
El sismo que sufrió la Ciudad de México en 1985 dejó miles de muertos, familias destrozadas y una multitud de edificios y casas destruidas o afectadas, ello ayudó a la sociedad a abrir los ojos.
Se organizaron grupos de la sociedad civil, vecinos, estudiantes, amas de casa, nadie quería quedarse al margen de la solidaridad con las víctimas. La ciudadanía participó lo mismo acarreando piedras y materiales que brindando albergue a las familias que perdieron su hogar.
Así es como la sociedad comienza a descubrir el contubernio de las autoridades en la construcción con materiales de mala calidad, o a través de autorizaciones indebidas por cambios ilegales con los usos y destinos de los inmuebles, por ello la molestia subió de tono y las protestas no hicieron esperar pues la catástrofe pudo ser evitada. No hubo investigaciones ni responsables, lo que indignó a la sociedad; la impunidad entonces como hoy, prevalecía.
El sismo que se sintió el siete de septiembre pasado en gran parte del país fue de mayor magnitud al acaecido en 1985 y generó menos estragos por dos factores: primeramente la localización del epicentro y en segundo lugar a que la Ciudad, consciente de sus cicatrices, tiene establecida una norma de seguridad para las construcciones para hacer frente a un movimiento telúrico de 9.5 grados en la escala de Richter.
Sin embargo, las secuelas que ha dejado el temblor en Chiapas y Oaxaca han sido devastadoras, existen decenas de víctimas mortales y miles de damnificados que vieron derrumbarse frente a sus propios hogares.
Los productos de primera necesidad escasean y la impunidad cobija a quienes asaltan los convoyes de camiones que transportan la ansiada y esperanzadora ayuda.
El país no solo ha sido sacudido por el sismo, también está indignado por la corrupción e impunidad que cobijó bajo la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca; por el asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda, un feminicidio más en Puebla, por el cobarde homicidio de un pequeño de siete años que acompañaba a su padre en la Guerrero en la CDMX y también por las miles de víctimas de la violencia irracional, que diariamente se cosecha macabramente en el país, la justicia no acompaña estos eventos, los funcionarios y gobernadores caminan a la par de estas tragedias cobijados por la corrupción. Este es nuestro México, lamentablemente. Los últimos dos sexenios las autoridades han sido incapaces de establecer el Estado de Derecho, combatir la impunidad y mucho menos darnos la paz social por la que fueron electos.
Sin embargo, las autoridades son parte de la sociedad que hemos creado y nos colocan en el espejo para reflexionar qué hemos hecho mal; no existe respeto alguno por la vida o la salud, por lo que frente a la violencia y antisocialidad se deben erigir la solidaridad y la compasión.
Ambos valores siguen vigentes, pero necesitamos su presencia y vigencia todos los días, por encima de las tragedias que nos unen en momentos de franca crisis.
Estoy convencido que actos como la corrupción y la impunidad contribuyen a los homicidios, las violaciones y el narcotráfico, acciones que muchos políticos ponen como ejemplo de la delincuencia. Es preciso considerar los pasos que como sociedad hemos dado y tomar el ejemplo del sismo de 1985 para cambiar, pues cada día vemos que los mismos de siempre siguen haciendo lo mismo, más allá de cualquier color, pues incluso aquellos que hoy se presentan como un mesías presentan el mismo mal sistémico.