Por Jesús Reyes Heroles G.G.
Desde mediados de los años cincuenta del siglo pasado, las encuestas cobraron mayor relevancia en el análisis de procesos sociales, en particular de elecciones.
La opinión pública aprendió a leerlas e interpretarlas y, de esa manera, a incorporarlas en sus decisiones electorales. En este siglo surgieron otros instrumentos que complementaron e, incluso, sustituyeron a las encuestas.
Las encuestas sufrieron críticas muy serias. En esta década eventos lesionaron su credibilidad, como el Brexit, la elección de Trump y en México la elección de 2012, cuando la mayoría de las encuestadoras sobreestimaron el porcentaje de votos a favor de Peña Nieto.
Ahora los candidatos, partidos, y grupos de interés utilizan encuestas como instrumento de intervención política: pagan encuestas a modo e inventan empresas encuestadoras efímeras, a pesar de que el INE regula dichas encuestas.
En todo caso, las encuestas siguen e inciden en forjar preferencias electorales. Hoy, México es clara muestra de esto. A pesar de la estricta regulación, durante las últimas semanas se han publicitado resultados cuestionables, de fuentes desconocidas o muy sospechosas. Esto ha desprestigiado la demoscopia, y ha ahondado el escepticismo acerca de las encuestas.
Las encuestas son una “fotografía” de las preferencias electorales en el momento que se levantan, pero la opinión pública sigue considerándolas “pronósticos electorales”, lo cual es totalmente incorrecto. Por eso, deben extremarse precauciones al juzgar su calidad y al interpretar sus resultados.
En México es particularmente importante tomar en cuenta la fuente de la encuesta. ¿Se trata de empresas conocidas?, ¿que registren sus metodologías ante el INE?, ¿que tengan experiencia? También, ¿cuáles son sus fuentes de financiamiento?, pues es posible identificar agendas detrás de quienes las producen y/o las pagan.
Es indispensable conocer las tasas de rechazo (cuántos se niegan a contestar el cuestionario), y el porcentaje de indecisos de cada encuesta. Los especialistas afirman que no hay un sesgo entre la tasa de rechazo y la calidad de la captura de preferencias electorales.
Respecto al porcentaje de indecisos, surgen tres asuntos. Primero, existen múltiples “modelos” para asignar los votantes indecisos, pero ninguno ha merecido una aceptación generalizada. Las encuestadoras que asignan los indecisos lo hacen con gran discrecionalidad.
Además, el porcentaje de indecisos tiene un efecto directo sobre la presentación de preferencias. Una tasa de indecisos alta, digamos 38% (el promedio de marzo a la fecha es 20.6% en Oraculus), sesga las preferencias hacia el puntero cuando se “eliminan” los indecisos para obtener las preferencias “efectivas”, que equivale a asignarlos en función idéntica a las preferencias estimadas en encuesta.
En esta elección, ha tenido un impacto sustancial la encuesta publicada por el diario Reforma, que desde febrero divulgó preferencias efectivas por AMLO superiores a 40%: 42% ese mes, 48% en abril 18, y 48% en mayo 2.
Ese número, combinado con una diferencia importante entre el puntero y los otros candidatos, impulsó la percepción de que esta elección ya estaba resuelta a favor de López Obrador y que los otros candidatos estaban muy distantes.
También han aparecido algunas encuestas de fuentes dudosas que ubican a José Antonio Meade en segundo lugar, lo que ha confundido, pues la gran mayoría de las encuestas, varias de éstas serias y de fuentes conocidas, ubican a Ricardo Anaya en segundo lugar.
Un ejemplo de la sensibilidad de las preferencias “efectivas” al porcentaje de indecisos se dio la semana pasada, si se compara la encuesta de GEA-ISA con la publicada el viernes por El Financiero. Ambas se levantaron prácticamente los mismos días, y presentan preferencias brutas (sin eliminar/asignar a los indecisos) de 29% por AMLO.
Sin embargo, el porcentaje de indecisos discrepa sustancialmente: 21% GEA y 38% El Financiero. Por tanto, al presentar las preferencias “efectivas” (a lo que dio énfasis dicho diario), el porcentaje a favor de AMLO aumenta a 37% en GEA, y a 46% en El Financiero, y la diferencia con el segundo aumenta de 5 a 6 puntos en GEA y de 13 a 20 puntos en El Financiero.
Es evidente que esto tiene un efecto distorsionante en la opinión del electorado. La situación de la contienda electoral exige máxima precaución en la elaboración y divulgación de los resultados de las encuestas.
