IMPULSO/Agencia SUN
Ciudad De México
En 2007, durante la administración de Felipe Calderón, surgió el delito de robo de gas licuado de petróleo (LP) mediante una toma clandestina en ductos de Pemex en Veracruz.
Hoy, este cáncer se ha extendido a 10 entidades federativas del país en forma paralela al robo de gasolinas, afectando a Puebla, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco, Veracruz y Jalisco, en donde, al cierre de 2017 se registraron 166 tomas clandestinas para extraer este tipo de hidrocarburo.
Al 31 de agosto de 2018, las perforaciones ilegales de gas LP suman 137, y al ritmo que llevan podrían superar las 200 al cierre de este año, provocando pérdidas por más de 12 mil millones de pesos anuales.
De acuerdo con información de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex, obtenida por EL UNIVERSAL, entre 2007 y agosto de este año se han reportado 953 tomas clandestinas de gas LP. (166 en el sexenio de Felipe Calderón y 787 en el de Enrique Peña Nieto, un incremento de 374% entre una y otra administración).
Ocho de cada 10 se han perpetrado en el presente gobierno federal.
Esto indica que entre el robo de gasolinas, calculado por el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño, en 30 mil millones de pesos y el robo de gas LP, las pérdidas por estos dos delitos suman 42 mil millones de pesos anuales.
La firma EnergeA, encargada del Estudio para Analizar la Problemática de Seguridad Física en las Instalaciones del Sector Hidrocarburos, sostiene que hasta 2017, la base de datos sobre robo de combustibles se centraba en el delito de extracción de gasolinas y diésel, y aún no consideraba el impacto del robo de gas LP y otros productos.
Empresas distribuidoras de gas LP han señalado que cada mes se registra el robo de 58 mil toneladas de este carburante, lo que equivale a pérdidas por mil 102 millones de pesos.
El daño económico se reparte entre Pemex, que debe absorber 770 millones de pesos, y las distribuidoras otros 330 millones mensuales.
Los representantes de empresas como la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG) y la Asociación Mexicana de Distribución de Gas y Empresas Conexas (Amexgas), calculan que de 30 millones de servicios (ventas) que ofrecen en el país cada mes, 2 millones 320 mil corresponden a ventas de combustible robado. Esto significa que 8% de los usuarios reciben y consumen gas robado, sin conocimiento la mayoría.
Luis Landeros Martínez y Jaime Ayala, presidentes de estas asociaciones consideran que el robo de gas LP, ya sea por tomas a los ductos de Pemex o hurto de vehículos a distribuidores, ha dejado pérdidas de casi 8 mil millones de pesos en los primeros ocho meses del año.
Delito ubicado. El mercado negro, de acuerdo con reportes de Pemex y empresas distribuidoras se concentra en Estado de México, que aglutina 40% de las tomas clandestinas de gas LP, y en donde se usan desde pipas robadas a distribuidores hasta hechizas y distribuidores “piratas”.
Estos delincuentes suelen vender el gas en las zonas en donde realizan la extracción ilegal, pues su venta se torna incosteable y riesgosa si la llevan a grandes distancias, exponiéndose a ser interceptados, señalan reportes de la Procuraduría General de la República.
La segunda entidad con el mercado negro en ascenso, por el número de tomas clandestinas, es Puebla, que concentra 34% y le sigue Querétaro, con 9.4%.
Sobre los municipios afectados y el daño a Pemex y al país, la petrolera determinó la reserva parcial de los datos por cinco años, al considerar que “la información guarda relación con las estrategias para combatir el robo de hidrocarburos”
