IMPULSO/Jesús Reyes Heroles G.G.
Artículo
La amplitud y profundidad de la sacudida que trajo consigo el gobierno del presidente López Obrador ha dejado pasmados a diversos actores políticos y grupos ciudadanos. No saben cómo actuar. Dado que los partidos políticos “tradicionales” están prácticamente desintegrados y que muestran serias dificultades para reconstituirse, la “oposición”, los 26.5 millones de electores que no votaron por AMLO, no encuentran mecanismos para hacer valer sus diferencias. En grados diversos, y en función de su naturaleza e intereses, los medios de comunicación son duramente presionados por Morena y su gobierno. Los gobernadores no morenistas se retrajeron, y buscan un acomodo que les permita sobrevivir frente a una estrategia clara del gobierno por contenerlos y debilitarlos políticamente (superdelgados federales, etc.).
Ante la fuerza y contundencia de la avalancha de AMLO–Morena, la reacción de muchos de quienes difieren de raíz con los objetivos y prácticas del gobierno de AMLO, ha sido buscar temas de coincidencia con éste y soslayar las discrepancias sustantivas. Cuando mucho, señalan que, aun habiendo coincidencias acerca de algunos de los objetivos que persigue AMLO, hay desacuerdo acerca de cómo busca alcanzar esos objetivos, o sea, de sus “políticas públicas”. Ése es el estado de las cosas, por lo pronto. ¿Cuánto podrá perdurar esta actitud o “estrategia” de actores sociales de no confrontación con AMLO y Morena? Es imposible predecirlo, aunque, sin duda, lo más probable es que en algún momento y por alguna causa, se colapsará.
Lo que sorprende y resulta inadmisible es que, simultáneamente, casi todos esos actores políticos y organizaciones sociales hayan adoptado una actitud de “tolerancia” respecto a las múltiples y continuas violaciones de la ley por parte de AMLO, de sus colaboradores y de Morena. Son pocos los casos en los cuales ha habido señalamientos específicos y concretos sobre la violación de la ley. Se distinguen la Coparmex, por una posición firme a favor del respeto a la ley, algunas organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, e instancias ciudadanas como el Congreso Nacional Ciudadano, que señalan y objetan actos ilegales de la administración y Morena.
María Amparo Casar ha documentado (Excélsior, febrero 6, 2019) que durante los primeros meses de esta administración se han dado múltiples acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos indirectos y denuncias populares, incluso más que en el mismo lapso de gobiernos anteriores. Son pocas las empresas que se han visto activas en esto, como es el caso de la denuncia penal de Kansas City Southern contra quien resulte responsable (CNTE y funcionarios) por la obstrucción de las vías férreas de comunicación. Las violaciones a la ley son tan frecuentes, flagrantes y evidentes, que poco a poco, la sociedad está reaccionando.
Ante la visión presidencial de “entre ley y justicia, opten por justicia,” cuyo alcance es de una sacudida paradigmática, son relativamente pocos los casos de ejercicio de recursos jurídicos contra el presidente y su gobierno.
¿Qué puede hacer el ciudadano común, que observa que el gobierno y sus colaboradores violan la ley?, ¿qué vía jurídica debe seguirse para evitar la impunidad presidencial y de su gabinete? En casos como la cancelación del Nuevo Aeropuerto, de los bonos asociados, de las Zonas Económicas Especiales, de asignaciones directas por doquier, sólo ocasionalmente se han presentado acciones judiciales contra los funcionarios responsables. ¿A qué instancias corresponde denunciar y reaccionar a las frecuentes violaciones de la ley por parte del gobierno?
En derecho se reconoce que, para poder presentar una demanda, debe tenerse interés jurídico, aunque en ciertos casos puede sumarse quien tenga un interés “difuso”. Parecería que, ante violaciones de la ley por parte del gobierno, el ciudadano común no tiene recurso o defensa. ¿Dónde están los abogados?, o quizá sea más exacto ¿dónde está la sociedad?
