IMPULSO/ Redacción
Almoloya de Juárez
En 2018, Edgar “N” cometió un ilícito no grave bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, hecho que afectó su situación jurídica y la estabilidad de su núcleo familiar. Para él, enfrentar una pena privativa de libertad era inminente, pero esto cambió cuando personal del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), le informó sobre el Programa de Justicia Terapéutica, en su modalidad de Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA). A cambio de no ir a prisión, aceptó someterse a un tratamiento de rehabilitación por consumo excesivo de alcohol y marihuana, por lo que un juez suspendió de manera condicional el proceso que se le seguía.
