IMPULSO/Ana Lilia Herrera Anzaldo
Artículo
Defender los derechos de las mujeres es una exigencia impostergable e irrenunciable. Es, literal, un asunto de supervivencia para nosotras, pero también para una sociedad que pide recuperar la tranquilidad; una batalla que demanda continuidad transexenal y en la que no podemos dar ni un paso atrás.
En días pasados, dos mujeres nos alertaron. Mariana Benítez, destacada abogada oaxaqueña, detectó y denunció en redes sociales la instrucción del próximo gobierno: desaparecer las Unidades de Equidad y Género, creadas durante esta administración, para garantizar la transversalidad en la implementación de las políticas de igualdad de género.
En las mismas redes sociales, una representante popular del partido Morena, confirmó el origen y la intención de la información, al justificar que no se eliminarían, “se centralizarán en la Secretaría de Gobernación, para que sean transversales”.
Unos días después, recibí la llamada de la ex senadora y activista coahuilense, Hilda Flores, preocupada y ocupada por la posibilidad de que exista una propuesta formal en la Cámara de Diputados para cometer lo que, me dijo, “sería un retroceso de más de 40 años de trabajo y buenas prácticas; si consideramos que en 1975 en México se realizó la Primera Conferencia Internacional de la Mujer”.
La sola posibilidad de eliminar las Unidades de Equidad y Género, centralizarlas o fusionarlas por no considerarse prioritarias, es inaceptable. ¿Vamos a seguir como en los últimos 10 años, cuando según el Inegi, en promedio cada cuatro horas ocurre la muerte de una niña, joven o adulta en los estados, o seis de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y seis de cada 10 empleadas padecen algún tipo de discriminación, solo por mencionar algunas de las muchas estadísticas que dan testimonio de estas grandes desigualdades?
Analizando las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que propuso Morena en días pasados, en el Grupo Parlamentario del PRI encontramos la oportunidad para la permanencia de estas instancias, mediante la incorporación de un artículo transitorio, a fin de que la próxima administración federal las instituya en un plazo de 60 días naturales.
Aprobada por unanimidad, la inclusión del artículo Vigésimo primero transitorio, fue una de las seis reservas que Morena aprobó, de las más de 60 propuestas de modificación que presentó el PRI durante la discusión.
Pero fue solo un primer paso. Las Unidades de Equidad y Género derivan del Programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres que publicó en 2013 el Poder Ejecutivo federal, es decir, no hay ley que obligue a conformarlas y en ese sentido, existen y funcionan si existe voluntad de los titulares de las diferentes secretarías que, por cierto, la han tenido: hoy existen en 17 dependencias federales y se han desdoblado en las entidades federativas.
Desconozco quién se atrevió a proponer la desaparición de las citadas unidades administrativas, pero lo que sí me consta es que en el Estado de México, casos como violaciones sexuales a menores de edad, violencia física por discriminación racial y muchas otras vejaciones que sería largo y doloroso enumerar, han sido sancionadas conforme a la ley, con base en protocolos y normas legales, producto de la sensibilidad y responsabilidad de quienes encabezan esas Unidades de Equidad y Género.
Falta mucho por avanzar y por eso, propuse incorporarlas en la LOAPF y que sea la Secretaría de Gobernación quien las coordine y dé seguimiento e impulso a su labor. Ojalá que en el Congreso votemos nuevamente en congruencia, sin dar un paso atrás en esta lucha de muchos años y muchas personas con y sin partido, que beneficia a toda la sociedad.
Twitter: @AnaLiliaHerrera
