IMPULSO/Ricardo Monreal Ávila
Artículo
El combate al huachicoleo, por su relevancia histórica, equivale a una segunda expropiación de la riqueza petrolera nacional
Los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos se cometen principalmente en los países que refinan petróleo, como es el caso de México, donde el robo de combustible se ha generalizado a tal grado que se identifica con el término popular “huachicol”, derivado del vocablo maya: waach, que significa ladrón o forastero.
Este delito no es únicamente un robo contra Pemex, sino contra la Nación y como tal debe ser tratado.
Un estudio del Centro de Energía Global realizado en 2017 en 10 países refinadores de petróleo, de los cuales Nigeria y México son los que registran el mayor número de estos delitos, señala que el crimen de los hidrocarburos se ha convertido en una amenaza significativa para la prosperidad local o regional, así como para la seguridad y la estabilidad global.
En México la estimación de este robo es entre 4 y 5 mil millones de dólares anuales, la mayor parte de ellos (3 mil millones de dólares) por la “ordeña” de ductos, lo que equivale al costo de una refinería mediana.
Por su alta rentabilidad, este crimen atrae y vincula a otras actividades: narcotráfico, trata de personas, trasiego de armas, “lavado” de dinero, secuestro, robo de transporte, piratería aérea y marítima; también financia a grupos internacionales relacionados con el terrorismo.
En el año 2003, según cálculos de la SHCP, el delito ascendía a 12 mil millones de pesos. Al finalizar la administración de Felipe Calderón, se calculaba en 24 mil millones anuales. En 2018, al término del gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra alcanzó los 60 mil millones.
El crecimiento de este fenómeno ha traído consigo un incremento en las tomas clandestinas. De 7 mil tomas ilegales detectadas en 2012, pasaron a 40 mil en el sexenio anterior, a través de las cuales se extraían diariamente 9 millones de litros de combustible, equivalentes al consumo de la CDMX.
El incremento es proporcional en los precios oficiales de las gasolinas y el diésel. No es fortuito que a partir del llamado “mega gasolinazo” de enero de 2017, se haya registrado el mayor robo de combustible a Pemex en los últimos dos años. Por eso son necesarios los siguientes planteamientos:
1. El combate a este crimen debe sostenerse y profundizarse como uno de los ejes centrales del programa anticorrupción.
2. Extinguir estas redes delincuenciales revitalizará las finanzas de Pemex, dará al fisco beneficios económicos mayores que la reforma energética y, por su relevancia histórica, equivale a una segunda expropiación de la riqueza petrolera nacional.
3. Es fundamental proteger a la población civil expuesta a riesgos letales en las zonas de huachicoleo y prevenir daños irreparables al entorno medioambiental.
4. Aplicar la estrategia con un régimen jurídico de mayor protección a los hidrocarburos; videovigilancia terrestre y aérea a los ductos mediante drones; seguimiento de inteligencia al dinero obtenido por particulares y empresas que venden o compran combustible robado e incorporar la participación comunitaria y ciudadana en la prevención de este delito, así como establecer programas de reconversión productiva y autoempleo en las comunidades.
5. El mayor freno al delito es acabar con los gasolinazos y disponer de energía barata para la población y la producción nacional, como se espera con la construcción de refinerías y la renovación de las existentes.
6. Quienes descalifican esta estrategia por las molestias temporales, son mercaderes de la política o cómplices del mayor robo a la nación cometido en las últimas décadas.
7. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores continuará luchando con el Presidente de la República para rescatar de la corrupción a la riqueza petrolera nacional, en beneficio de todas y todos los mexicanos.
