IMPULSO/Luis Miguel Loaiza
Y las cuotas del ISSEMyM, ¿dónde quedaron?
A pocas semanas de realizarse el cambio en los 125 municipios del Estado de México, la mayoría de los actuales ediles aseguran que dejarán finanzas sanas. Ayer martes en Tlalnepantla, la alcaldesa Denise Ugalde se mostró segura de no dejar adeudos para la siguiente Administración que encabezará Raciel Pérez Cruz, del Movimiento de Regeneración Nacional, y en conferencia de prensa resaltó que durante su gestión no se adquirió préstamo alguno, además de que no habrá problema con los adeudos a corto plazo, es decir, pago de aguinaldos y salarios.
Lo único que queda pendiente, dijo, es la histórica deuda heredada de otras administraciones, pago a proveedores y laudos por resolver, así como lo que no se ha pagado a otras instituciones.
Manejaron también el escabroso tema de la seguridad, aceptaron que Tlalnepantla está en la media nacional de inseguridad, de tal modo que seis de cada 10 habitantes se sienten inseguros y que, aunque han logrado avances, se requieren 20 años más para que el municipio pueda retomar la seguridad. Allí es donde ya no entendí la buena labor de seguridad.
Cambiando un poco el tema, precisamente sobre lo que recibirán los próximos alcaldes, está el adeudo de casi dos mil millones de pesos al ISSEMyM por concepto de enteros de cuotas, que se volverá otra carga más para los próximos gobiernos gracias a la recién aprobada Ley de Seguridad Social que establece los mecanismos de pago por parte de los ayuntamientos y del mismo Gobierno estatal, de tal forma que podría analizarse el garantizar el pago de estas millonarias cantidades mediante el desvío de recursos federales asignados a cada municipio.
Es importante que la Contraloría del Poder Legislativo realice una verdadera investigación de la utilización de los recursos retenidos por los actuales gobiernos municipales, pues a los trabajadores se les descuenta nominalmente la contribución establecida, sin embargo, ese dinero no llega al ISSEMyM, y tanto las tesorerías como los responsables directos e indirectos deberán sustentar legalmente el desvío de ese dinero, que debió ser utilizado para su propósito original.
Pero en sus informes se especifica que tan sólo el Gobierno estatal le adeuda el 15 por ciento del total, es decir, casi 379 millones de pesos, ésta podría ser la cusa del desabasto de medicamentos en prácticamente todas las clínicas.
En tan sólo dos años, el adeudo de los gobiernos estatal, municipales y de organismos descentralizados se incrementó un 150 por ciento, pues, en 2016, el Instituto tenía deudores por 825 millones, reitero, es importante dentro de la tan cantada guerra a la corrupción el identificar dónde está ese dinero.
La vulnerabilidad del sistema de salud para trabajadores del Estado y municipios, ha sido una constante, aunque, en ocasiones, han salido los titulares en turno a desmentir tales aseveraciones. Es de suma importancia evitar la catástrofe financiera de este ente y revisar incluso también los manejos administrativos al interior porque algo debe estar haciéndose mal.
Cito un ejemplo: Aunque algunos proveedores han hecho público el que no se les paga en tiempo y forma, no ha cubierto los requisitos, supongo, para que se realicen las auditorías necesarias y para establecer el manejo de los recursos en el Instituto, pues hay empresas que ganaron millonarias licitaciones en el surtido o aprovisionamiento de medicamentos, bienes y parque vehicular, tanto en adquisición como en mantenimiento.
Un caso concreto es el de la empresa Ralca S.A. de C.V, que surte más del 90 por ciento de los medicamentos que se distribuyen a través del ISSEMyM y que, en ocasiones, varias, ha exigido el pago de sus millonarias facturas.
Infra S.A. de C.V. también ha logrado convertirse en el principal proveedor en cuanto a renta de cilindros y suministro de oxígeno con contratos multianuales como único licitante, contratos por el orden de los casi 230 millones de pesos.
Dato
El ISSEMyM atiende a una población derechohabiente de 376 mil 844 servidores públicos activos y a 59 mil 662 pensionados y pensionistas, así como a 708 mil 467 dependientes económicos hasta noviembre del año pasado.
