IMPULSO/ Mario Maldonado Rogelio
¿Quién está detrás del Tren Maya de AMLO?
Jiménez Pons no piensa en otra cosa más que en el proyecto turístico insignia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO): el Tren Maya que recorrerá mil 500 kilómetros entre los estados de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Este arquitecto de la UNAM, propuesto por AMLO como el próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), convenció hace un par de años a su paisano, el futuro presidente de México, de llevar a cabo esta obra cuya viabilidad está en duda.
Jiménez Pons asegura que conoce el sureste mexicano como pocos porque trabajó hace 40 años en la Secretaría de Turismo federal en el proyecto de la Ruta Maya. Fue entonces que conoció a López Obrador, aunque apenas en 2016 estrechó lazos con él y se sumó a su equipo de trabajo. Fue durante una visita de AMLO a Tabasco cuando le propuso que si se convertía en Presidente de la República había un proyecto que debía hacer: un tren que recorriera las principales ciudades y destinos del sureste mexicano, cuya bonanza turística se había quedado únicamente en los territorios de Cancún y la Riviera Maya.
El tabasqueño le prometió que así lo haría, y así lo va a hacer. Jiménez Pons carga ahora con la responsabilidad de convertir el ambicioso proyecto en realidad. Para ello, no sólo comenzó a estructurar las Asociaciones Público-Privadas mediante las cuales se financiará la mayoría del proyecto, sino que planea viajar pronto a Canadá, Alemania, Francia y España para buscar al constructor de los trenes. El próximo titular del Fonatur, empero, ya tuvo su primera incomodidad. El mes pasado, su sobrino, Gustavo Javier Jiménez Pons, se ofreció a pagar mil 900 millones de pesos por el avión presidencial que AMLO planea poner en venta. Más tardó el presidente electo en rechazar el ofrecimiento que un despacho de abogados (RCA) en denunciarlo por un presunto fraude con boletos para el Mundial de Alemania 2006. “Es un prófugo de la justicia”, sostuvieron los litigantes.
Rogelio Jiménez Pons, por su parte, es un empresario cuyo despacho de arquitectos tampoco tiene la mejor reputación. En marzo de 2009, durante la administración de Felipe Calderón, su empresa Jp Macro S.A. C.V., con domicilio en la colonia Florida de la Ciudad de México, fue inhabilitada para participar en licitaciones públicas del gobierno federal por incumplimientos. Jp Macro presta servicios de arquitectura y “alternativas en productividad integral”. Tampoco en la Ciudad de México ha tenido mucha suerte. En los pocos concursos en los que ha participado —o de los que se tiene registro— no ha ganado contratos. Un ejemplo es el que se llevó a cabo en 2006 para remodelar la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. Jp Macro fue descalificada junto con otras compañías por no cumplir los requisitos para participar en la licitación. Jiménez Pons ha dicho que en el Fonatur habrá muchos tabasqueños. “Yo les digo de broma que parecerá embajada de Tabasco, de por sí yo tengo gente que ha trabajado conmigo, tabasqueños que viven actualmente en la Ciudad de México”, dijo recientemente.
Uno de los temas que más deberá cuidar Andrés Manuel López Obrador son los conflictos de interés, esos que tanto afectaron la reputación de la administración de Enrique Peña Nieto, y que se supone no caben en la “cuarta transformación” del próximo gobierno. Se quieren colgar la medalla. Tras la confirmación de la construcción del Tren Maya, hubo un gobernador en el sureste del país que no sólo suspiró con la propuesta, sino que, dicen, puso sobre la mesa del presidente electo el anteproyecto que tenía listo desde hace más de un año para la instalación de un tren que recorriera alrededor de 70 km de su estado. Se trata de Carlos Joaquín González, quien había contemplado la posibilidad de que un sólo transporte pudiera conectar el aeropuerto de Cancún con los más de 80 mil 200 cuartos de hotel que hay tanto en esa ciudad como en los municipios que comprenden la Riviera Maya.
