Hace unos días, el AGN implementó una forma de acceso al contenido de la DGIPS bajo el argumento de que buscaba la protección de datos personales.
Agencia SUN/CDMX
Investigadores de la
Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e
Historia dieron a conocer un documento firmado por estudiantes, académicos,
profesores y ciudadanos en el que expresan su “preocupación e
inconformidad” por la forma para consultar los fondos de la Dirección
Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas
y Sociales (DGIPS) depositados en el Archivo General de la Nación (AGN).
Hace unos días, el AGN implementó una forma de acceso al
contenido de la DGIPS bajo el argumento de que buscaba la protección de datos
personales.
“Las autoridades de la más importante institución archivística
del país trasladan la responsabilidad de la apertura de estos fondos al
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), basando su argumento en una interpretación sesgada de
la Ley General de Archivos (LAG)”, se puede leer en el documento.
Los investigadores agregaron que la ley de Archivos señala
“que el INAI puede autorizar la consulta de documentos de interés público
que se encuentran en archivos de concentración y de trámites, pero no en los históricos,
pues estos ya son fuentes de acceso público y no pueden ser clasificados. Esta
medida no sólo es innecesaria, sino que puede ser interpretada como una
maniobra para eludir las responsabilidades del AGN como rector de las políticas
archivísticas nacionales”.
María Magdalena Pérez, Elisa Servín y César Valdez Chávez
dieron a conocer el documento en el que también aparecen las firmas de Alfredo
Ávila, Eugenia Meyer, Camilo Vicente, Ana García Bergua y Antonio Lazcano,
entre otros.
La historiadora María Magdalena Pérez advirtió que este tipo
de políticas es “muy peligrosa. El AGN es la institución cabeza del
sistema nacional de archivos, lo que hagan ellos, lo van hacer los demás. Por
eso nos preocupa tanto”.
El documento dirigido al presidente Andrés Manuel López
Obrador; a Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación; a Carlos Enrique
Ruiz Abreu, director del AGN, y a Francisco Javier Acuña, comisionado
presidente del INAI, representa un “primer paso”, dijeron los
investigadores, por lo que estarán pendientes de la respuesta.