IMPULSO/Raúl Rodríguez Cortés
El enredo de AMLO
: López Obrador le apuesta a que la respuesta a la consulta sea seguir con Texcoco y así lavarse las manos respecto a su promesa de campaña.
La anunciada consulta popular que decidirá sobre el nuevo aeropuerto es un error que ha metido a AMLO en tal enredo que, cualquiera que sea su desenlace, le restará buena parte del enorme capital político con que llega a la Presidencia. No se critica la voluntad de su gobierno de ampliar el horizonte de la democracia representativa hacia la democracia participativa, ni que se menosprecie la inteligencia y el sentido común de la ciudadanía al pronunciarse y decidir sobre cualquier asunto de interés nacional, por complejo que éste sea, pero el problema es, en este caso, que una decisión técnica se tomará con una consulta política.
Es como si, después de un largo vuelo trasatlántico, el piloto de la aeronave informara que la falla de un motor lo obliga a realizar un aterrizaje de emergencia y entonces sometiera sus inmediatas y urgentes decisiones a la opinión de los pasajeros: ¿aterrizamos en este u otro aeropuerto?, ¿a qué velocidad descendemos?, ¿cuánto tiempo sobrevolamos para descargar combustible?, ¿pido o no autorización a torre de control?
El asunto del nuevo aeropuerto se politizó desde el momento mismo en que López Obrador lo tomó como una bandera de campaña que prendió en una ciudadanía harta de las corruptelas y descarados negocios de las élites gobernantes. Con eso distrajo a sus contrincantes de otros asuntos debatibles de la vida nacional y, para mantenerlo en la agenda con ese fin estratégico, fue ajustando su posicionamiento: desde la cancelación del proyecto, por su naturaleza faraónica, para dar paso a uno alternativo en Santa Lucía, hasta la consulta ciudadana propuesta, pasando por la revisión de su viabilidad técnica, la revisión minuciosa de los contratos y su concesión al capital privado.
El viernes pasado, AMLO dio a conocer detalles del dictamen técnico al que su equipo sometió el tema. Publicó en su página casi 300 documentos que precisan las ventajas y desventajas de los proyectos de Texcoco y Santa Lucía. En términos generales, Mitre, la prestigiada consultora del MIT sobre estos temas, avaló el proyecto Texcoco y consideró inviable el de Santa Lucía, por la imposibilidad de operar simultáneamente con la hoy base militar de la Fuerza Aérea y el actual AICM, salvo que se redujera el número de operaciones aéreas. Sin embargo, un grupo consultor chileno sugirió un nuevo y más profundo estudio para demostrar que Santa Lucía es viable. Ese estudio tomaría al menos tres meses y la consulta está convocada para octubre.
Qué bueno que se publique toda la información disponible sobre ambos proyectos y que el tema sea sometido a un gran debate nacional previo a la consulta. Mejor aún, que se pregunte al ciudadano. Pero que la decisión sea vinculante, es decir, de aplicación obligatoria, es donde parece estar el error. Los términos y mecanismos de la consulta entrañan otro problema para el nuevo Gobierno.
En cuanto a los términos la pregunta es: ¿se consultará a todos los mexicanos? Una encuesta de Mitofsky asegura que solo 30% ha viajado en avión. Estos serían los directamente interesados. Pedirle al otro 70% una opinión le daría al asunto un sesgo político y hasta partidista. Aun así, la encuesta de marras señala que 54.4% están a favor de seguir con el proyecto de Texcoco, 29.4% se pronuncian por modificarlo y 16.2% no sabe o no contesto.
En cuanto al mecanismo, se pierde de vista que el artículo 35 constitucional plantea que las consultas populares deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el 33% de los integrantes de cualquiera de las dos Cámaras o lo ciudadanos en un número equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, es decir, un millón 700 mil ciudadanos. La pregunta aquí es ¿puede AMLO organizar una consulta popular en octubre? La respuesta es no, ya que aun no será presidente constitucional.
¿La pueden organizar el Congreso o los ciudadanos? Sí, en ambos casos, pero el mismo artículo 35 atribuye al INE la facultad de organizarla y debe hacerlo el día de una elección federal. Por lo tanto, el órgano electoral declaró en julio pasado que es inviable. Y para que el resultado sea vinculante, es decir, acatado por la autoridad competente, deberá haber participado al menos 45 por ciento de la lista nominal, es decir, 38.6 millones de ciudadanos.
Con las anteriores consideraciones, se puede inferir que la mentada consulta más tiene que ver con la búsqueda de AMLO de darle la vuelta al cumplimiento de una promesa de campaña, exigida por sus más radicales seguidores. Le apuesta a que la respuesta sea seguir con Texcoco, como todo indica, y así lavarse las manos respecto a la promesa.
