IMPULSO/Agencia SUN
Quintana Roo
Rodrigo Galán, el presunto agresor de Roberto González, joven que quedó cuadrapléjico tras una golpiza que le propinó su vecino, podría alcanzar hasta 19 años de prisión, informó la fiscalía estatal.
El caso del joven, ocurrido en 2017, trascendió luego de que hace unos días fuera llevado en camilla a la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para exigir justicia.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con relación a la carpeta de juicio 21/2018 en contra de Rodrigo Galán por el delito de lesiones calificadas, los fiscales del Ministerio Público se encuentran en espera de la resolución de un amparo en revisión.
Galán promovió una demanda de amparo en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito, en el estado, para poder continuar con la audiencia de juicio y obtener nueva sentencia.
El procedimiento judicial no ha podido culminar, precisó la institución, debido a la revisión del amparo, ante la negativa de la víctima y familiares de realizar un procedimiento abreviado, lo que hubiese “permitido una resolución ágil”.
El proceso se encuentra en etapa de juicio, cuya fecha no se ha fijado. “En caso de confirmarse la sentencia de amparo, se estará en posibilidad de fijar la fecha de audiencia del juicio oral, en la que el imputado podría ser condenado hasta a 19 años, seis meses de prisión, de acuerdo a lo previsto en el Código Penal Vigente en el Estado, además de cumplir con la reparación del daño”, detalló la fiscalía.
Piden justicia. Roberto quedó parapléjico luego una la golpiza que le propinó Rodrigo Galán en enero de 2017. El agresor se justificó al decir que defendió a su familia; todo se originó tras un conflicto vecinal.
El caso se ventila en juzgados desde noviembre de ese año. Rosalía Andrade, esposa de Roberto, informó que el 7 de diciembre pasado, durante la audiencia de preparación para juicio oral, se presentó una carta emitida por el fiscal Miguel Ángel Pech Cen, autorizando un procedimiento abreviado, sin haberlo consultado con la víctima o con su familia, beneficiando al agresor y violando sus derechos humanos.
Con dicho procedimiento, el agresor se compromete a pagar 2 millones de pesos como indemnización por lesiones e ignora el delito de lesiones calificadas, por el cual debe ser juzgado, lo que implica que su pena se reduce a cuatro años de cárcel.
Desde hace unas semanas, el fiscal Miguel Ángel Pech ha sido criticado. Familiares de víctimas de homicidio, feminicidio, extorsión, secuestro o amenazas, lo responsabilizan de no controlar la ola de violencia o de ser omiso en diversos casos; piden su renuncia.
Al respecto, el fiscal dijo a EL UNIVERSAL que no se moverá de su puesto, a menos que le sea solicitado por el Congreso estatal.
