IMPULSO/ Ricardo Homs
El caso Fertinal se presta a confusiones, pues hoy que se cuestiona la compra de Fertinal, el nombre que sale a relucir junto con el de Emilio Lozoya, es el de Alonso Ancira, propietario de AHMSA, que fue quien vendió la empresa Agronitrogenados en enero del 2014.
Son dos empresas diferentes, vinculadas al ámbito de los fertilizantes para el campo, pero compradas por Petróleos Mexicanos (Pemex) en tiempos distintos y a propietarios distintos. Los Consejos de administración de Pemex que evaluaron la viabilidad financiera también fueron distintos.
Mientras Agronitrogenados fue comprada a Altos Hornos de México, cuyo principal accionista y presidente del Consejo es Alonso Ancira, hoy preso en España, Fertinal fue comprada a Fabio Massimo Covarrubias.
Cuando en mayo del 2015 la dirección general de Pemex, a cargo de Emilio Lozoya, presentó al Consejo de Administración la propuesta de compra de Fertinal, se sustentó este proyecto en el estudio de uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, Goldman Sachs, el cual dió una valoración de compra para esta empresa, correspondiente al capital y excluyendo la deuda, de entre 550 y 615 millones de dólares. Sin embargo, lo que se pagó por las acciones de Fertinal fueron 209 millones de dólares, cifra muy inferior al rango referido en dicho informe.
El capital contable estuvo valorado en 600 millones de dólares, dictaminado por el despacho de auditores Grant Thornton, la sexta firma más grande e México y del mundo en este rubro.
Pemex se convertiría en proveedor de gas amoniaco y algunos insumos que Fertinal necesitaba para su producción.
El proyecto original contemplaba, que después de que se tuviera una operación integrada exitosa, podría venderse una parte de las acciones adquiridas, a un tercero que aportara nueva tecnología, inversiones e incrementara el valor económico de la misma empresa.
No obstante esto, el Consejo de Administración exigió algo no usual: pidió un segundo estudio denominado “due diligence”, para verificar que el precio de compra fuese correcto, procedimiento que realizó la oficina mexicana de la empresa global Price Waterhouse Cooper, PWC, una de las cuatro líderes mundiales del sector financiero, la cual dio argumentos favorables para la compra. Estableció un rango de entre 184.5 y 293.2 millones de dólares. Este estudio mostraba que no se requerían inversiones excepcionales y que además, de lograrse la integración como estaba planeada, la compra generaría beneficios adicionales por 230 millones de dólares. Si se considera que el precio final pagado fue de 209 millones de dólares, la responsabilidad del Consejo de Administración se cumple.
El Consejo de Administración exigió la contratación de un prestigiado bufete internacional de abogados denominado White & Case, que revisó los aspectos legales de Fertinal y participó en la elaboración del contrato final.
Existe la posibilidad de que esta adquisición pudiese haber sido ensuciada con prácticas de corrupción en el ámbito operativo, instrumentadas dentro de PEMEX o en otras esferas de la administración federal.
Parte de las alertas respecto a Fertinal vinieron en 2017, cuando en otro contexto se contrató a la oficina mexicana del corporativo global, Ernst & Young, E & Y, para dimensionar el valor de activos Sy pasivos de Fertinal a esta fecha, o sea dos años después, descubriéndose que en muy poco tiempo la empresa ya se había depreciado, seguramente por una operación deficiente, decisiones equivocadas o prácticas cuestionables.
Consideremos que a la mitad de la administración del presidente Peña Nieto, Emilio Lozoya dejó la dirección general de Pemex en manos de José Antonio González Anaya, quien tomó el cargo el 08 de febrero del 2016 y lo dejó el 27 de noviembre del 2017, periodo que coincide con parte del tiempo en que se depreció Fertinal.
Seguramente González Anaya podrá aportar información importante para entender lo que sucedió con esta empresa.
El Consejo de Administración se mueve en el ámbito abstracto de los números, pero la realidad concreta de las adquisiciones tiene que ver con la parte operativa de la misma empresa, que es responsable de verificar la calidad de lo que recibe.
Por ello, es fundamental que las autoridades eviten caer en el juego de los distractores que impiden centrar las responsabilidades, donde realmente están.
¿Usted cómo lo ve?
Twitter: @homsricardo