IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Si el panorama electoral de 2017 sirve como termómetro para el proceso de 2018 donde se elegirá Presidente de la República y se renovará la totalidad del Congreso de la Unión, el país enfrentará un grave problema en el que se regresará al pasado más absolutista y los comicios se empañarán por el fantasma del fraude más escandaloso, advirtió la Arquidiócesis Primada de México.
A través del editorial del semanario religioso Desde la Fe, la arquidiócesis expresó que las elecciones del próximo año serán “por la obtención del poder sin importar los medios que se utilicen”.
El texto argumentó que las elecciones del pasado 4 de junio en cuatro entidades federativas revelaron la pluralidad política que provoca que los cargos de elección popular se ganen por estrechos márgenes en el porcentaje de votos, lo que deriva en que ningún candidato pueda salir a declarar el triunfo, rotundo, contundente, legal e inobjetable.
“Los resultados indican cómo las preferencias demuestran la necesidad de renovaciones auténticas para que la alternancia permita rectificar la vida democrática de México, que se enriquece por las opciones políticas”.
Además, señaló que las elecciones revelan vicios arraigados “de una democracia que se supone madura, pero que en los hechos condiciona la libertad, vencida por la manipulación”.
La Arquidiócesis encabezada por el cardenal Norberto Rivera, aseguró que las preferencias políticas se convierten en mercancía que puede ser usada de forma fácil y desechable, que existe un electorado manipulable cuya pobreza es la mejor arma que se aprovecha para “asestar un disparo a fin de aniquilar la libertad y coaccionar la voluntad de millones”.
Refirió que durante las campañas se observó una frenética e infatigable pasarela de funcionarios de la administración pública entregando tarjetas, beneficios o emolumentos en especie que podrían ser flagrantes delitos electorales.
“Nuestra democracia se está convirtiendo en la competencia por el voto de los pobres y hambrientos, a quienes siempre se les ha regateado lo que en derecho les corresponde. En algunos casos, los apoyos de los diversos programas de desarrollo social, en tiempos de elecciones, quedan bajo la discrecionalidad y voluntad del secretario titular del ramo, impidiendo su agilización y reparto expedito, o bien forman parte de una caja chica para lograr la victoria en las urnas”.
El artículo titulado “Regresión al pasado”, mencionó que pese a que el sistema electoral se perfilaba para que fuera más barato, esto no se ha cumplido y se transformó en una pesadilla por las “indecentes” cifras de lo que pueden costar las elecciones en el país, añadió que este 2017, se gastaron 4 mil millones de pesos para realizar los comicios en Nayarit, México, Coahuila y Veracruz. “Esto es algo que no debería soportarse más ante las graves carencias de un país que parece estar en elecciones de forma permanente”.
Agregó que también es cuestionable la efectividad de las fiscalías especializadas para atender delitos electorales, puesto que en cada proceso se presentan cientos de denuncias sin que se conozcan los resultados concretos de las indagatorias ni de la probable responsabilidad. Advirtió que según la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), en los comicios de las cuatro entidades ya se iniciaron al menos 700 investigaciones, pero no se sabe nada de los resultados.
“La compra de votos ha sido la denuncia constante ante instituciones y autoridades electorales tímidas y ausentes de poder, actores pasivos y complacientes, dejando que las aguas de la ilegalidad rieguen los frutos de elecciones cada vez más cuestionadas cuando no se actúa conforme a justicia y derecho”, finalizó editorial.
