Familiares de zapatistas exigen pensión al gobierno

IMPULSO/ Agencia SUN
Morelos
Más de mil descendientes de revolucionarios zapatistas morelenses demandaron al gobierno de Graco Ramírez el pago de la pensión vitalicia que desde 2012 debieron recibir.
Los afectados promovieron un amparo para obligar al Ejecutivo estatal a que realice el depósito de unos 2 mil 200 pesos mensual acordado, además de otros beneficios.
Desde diciembre de 2011, hacia el final del sexenio panista de Marco Antonio Adame Castillo, el Congreso local aprobó la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución en el Estado, como un reconocimiento a los descendientes de aquellos que lucharon junto al General Emiliano Zapata.
La transición sexenal y de partido impidió el pago de dichas pensiones, las cuales debieron entregarse a partir de enero de 2012. Desde entonces a la fecha, los descendientes de la Revolución no han recibido pago alguno, expuso Arturo Castañeda Paredes, representante del Frente Zapatista de la República.
El pago de las pensiones se otorga a los hijos y nietos de los revolucionarios que acrediten su filiación sanguínea, lo cual se revisa a través de la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios en la que participan un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, un representante del Ejecutivo estatal nombrado por el gobernador y el representante del Frente Zapatista, los cuales deben ser rotados cada tres años, según los estatutos de la propia ley.
Castañeda Paredes explicó que 30 afectados promovieron un amparo para obligar al gobierno del estado a realizar el pago retroactivo de 140 mil pesos, 30 mil pesos por concepto de un seguro médico y el pago vitalicio de 2 mil 200 pesos mensuales por el concepto de su pensión.
El fallo fue a su favor, por lo que están a la espera que el Tribunal Colegiado emita su resolución, pues más de un centenar de afectados promovieron otro amparo similar.
“Pagar 2 mil 200 pesos mensuales a unos mil 200 descendientes es nada para el Gobierno estatal, pero simplemente no quiere cumplir la ley”, acusó Castañeda Paredes.
El Ejecutivo estatal debe pagar más de 187 millones de pesos, en caso de que los mil 200 descendientes promuevan el amparo y éste se resuelva a su favor.