IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó que los oficios que presentó este domingo la panista Josefina Vázquez Mota, en torno a las investigaciones contra su padre y seis hermanos, sean una exoneración.
La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del Estado de México dio a conocer los documentos de la PGR, mismos que confirman que recursos de su familia fueron “materia de análisis” como parte de una denuncia contra dos empresas por “lavado” de dinero.
De acuerdo con Vázquez Mota, con esto “queda perfectamente refrendada mi honorabilidad y por supuesto la de mi padre y la de mis hermanos”.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dijo que con esa respuesta “queda plenamente acreditado que no hay absolutamente ninguna conducta ilícita por la que estén siendo investigados” y “queda plenamente aclarado que toda esta información se trató de una maniobra política con el objetivo de desprestigiar a nuestra candidata”.
Sin embargo, el documento no responsabiliza ni exculpa a los familiares de la abandera albiazul a la gubernatura del Edomex.
La Procuraduría detalló que aún no se puede hablar de una exoneración.
Este diario publicó en su edición del 27 de marzo que en diciembre de 2015 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, contra María José Tábata Roldán Urdapilleta, y de las empresas Smart Business y Bolshoye.
La investigación alcanzó a los familiares de Josefina Vázquez Mota —su padre y seis hermanos— porque recibieron 17 millones de pesos de esas empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda debido al l trasiego de más de 400 millones de pesos, cuyo origen era presuntamente ilícito.
El oficio mostrado este domingo por Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya dice que “si bien hubo recursos materia de análisis por parte de esta Unidad de Inteligencia Financiera, referentes a Arnulfo Vázquez Cano [padre de Josefina]”, así como seis de sus hermanos, no son materia de la denuncia específica que la unidad presentó, toda vez que la misma se formuló única y exclusivamente contra las empresas Smart Business Consulting Sima SA de CV y Bolshoye SA de CV, así como contra sus representantes.
Por separado, la Procuraduría se refirió a los alcances de la respuesta a la candidata que emitió la Unidad Especializada.
La dependencia federal informó que se debe hacer especial énfasis en que los documentos no se traducen en una exoneración, debido a que en materia penal existen dos vías para dictar una resolución que implique la ausencia de responsabilidad de una persona sujeta a un proceso penal.
En materia ministerial, detalló, debió haber existido una investigación, que no aconteció, y que una vez agotada, se considere la inexistencia del delito o, en su defecto, la ausencia de responsabilidad de los investigados.
En ese supuesto, informó la dependencia, la resolución y su posterior comunicación se hubiera debido formular en los términos establecidos por la legislación procesal penal.
La PGR informó que en cuanto a la materia Judicial, la autoridad judicial debe dictar una sentencia absolutoria y que ésta, a su vez, sea confirmada por el Tribunal de Apelación. Además, a Procuraduría detalló que la respuesta emitida y mostrada este domingo por los panistas, no puede considerarse una exoneración sino que sólo se dio respuesta a las solicitudes de información de los señalados.
“De ahí que, como se afirmó, la respuesta emitida por esta Unidad no pueda considerarse, en ningún sentido, como una exoneración, sino únicamente como un documento en el que, en estricto respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en diversos Tratados Internacionales, se informó a los solicitantes que no era y no había sido objeto de dicha investigación”, explicó la PGR.
El abogado del CEN del PAN, Eduardo Rivera, insistió en entrevista que al remitir la PGR la respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, no hay responsabilidad penal.
