IMPULSO/Jesús Reyes Heroles G.G.
Bienvenido José Woldenberg
El ambiente político se mueve entre una dualidad inusual: el regocijo y optimismo de muchos (55% de la población, encuesta trimestral GEA–ISA) y la preocupación de otros (25%). La algarabía es explicable tras un triunfo electoral de Morena tan amplio y contundente como el del 1 de julio. La preocupación, de quienes votaron y no votaron por AMLO, deriva de una serie de eventos por demás sorprendentes. Cabe destacar cuatro.
Primero, la iniciativa de Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, para modificar la Ley de Aguas Nacionales, a fin de eliminar toda posibilidad de una supuesta “privatización” del agua. Este concepto fantasmagórico ha aparecido recurrentemente en relación con la problemática del agua en el país. Durante la administración de Enrique Peña Nieto (EPN) lo hizo con fuerza en varias ocasiones, al grado que logró descarrilar dos iniciativas, no suficientemente apoyadas por EPN, de una Ley General de Aguas, que diera cumplimiento al artículo 4 constitucional, donde se estableció el derecho humano al agua. Es bien conocida la situación caótica del suministro y tratamiento que padecen muchos mexicanos (véase ¿Para cuándo la Ley de Aguas?, EL UNIVERSAL, marzo 9, 2015).
El segundo hecho insólito es la reiterada propuesta de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Salvo un grupo reducido de ingenieros empecinados en tratar de justificar, sin argumentos sólidos, dicha cancelación, y en proponer la construcción de otro en la actual base aérea militar de Santa Lucía. Según los expertos internacionales más reconocidos, Santa Lucía es incompatible con la operación del actual AICM y no se lograría la meta de crear un hub funcional. El asunto está resuelto a favor de Texcoco en opinión de 42% de la población, mientras que sólo 19.4% simpatiza con el proyecto de Santa Lucía (Encuesta de Mitofsky, septiembre). Han sido patéticas las posiciones contrarias a Texcoco en diversos debates sobre el asunto en los medios, incluso con afirmaciones reñidas con el razonamiento lógico.
Tercero, si bien es muy difícil discrepar de que el gigantismo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México es ya disfuncional, y que resulta deseable impulsar el desarrollo de otras zonas del país, lo inaudito es que dicha estrategia se plantee a partir de criterios por demás rudimentarios y sin atender las opiniones discrepantes de instituciones como colegios profesionales e instituciones patronales. Estas decisiones tendrán impactos sustanciales en materia presupuestal, en la dinámica urbana de las principales ciudades de México, en la pérdida de actividad económica en la Ciudad de México y, sobre todo, en el bienestar de miles de familias que en el corto plazo se verán severamente afectadas por la contundencia de la estrategia.
