Por: David Esquivel
Ecatepec.- Habitantes del pueblo de Guadalupe Victoria exigen al Secretario General de Gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, su urgente intervención para frenar la violencia generada por la delegada Irma Aurelia Rivera Tello, quien debe rendir cuentas por un presunto fraude de hasta tres millones de pesos, obtenidos por el manejo del panteón del pueblo y de los cuales no reportado el manejo que les ha dado a lo largo de tres años, y cuyo conflicto ya derivó en el homicidio de uno de los vecinos activistas quienes exigen castigo y la entrega de cuentas a los pobladores.
Los afectados señalan que la delegada cuenta con el respaldo del primer regidor Ernesto Santillán Ramírez; de la policía municipal; ha generado constantes hechos violentos y graves amenazas contra los pobladores e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci), cuyos integrantes le exigieron rendición de cuentas, lo que ya derivó en el homicidio de uno de los principales activistas.
Desde la tribuna de la Legislatura local, el diputado Faustino de la Cruz, recordó que la Secretaría General de Gobierno del Estado de México es la instancia facultada para dirimir conflictos a partir de la conciliación y prevención de eventuales episodios de violencia Y a través de las policías investigar y prevenir posibles delitos, como los que están ocurriendo en Guadalupe Victoria ante la actuación parcial del gobierno municipal local.
“Se consumaron actos que desvirtuaron e interrumpieron el desarrollo de las Asambleas del pueblo, exacerbando aún más el ambiente de crispación, sin que autoridad alguna mediara al respecto; lo que provocó el incremento de la exasperación de las partes; la Delegación aduce sus vínculos con el H. Ayuntamiento de Ecatepec”, denunció el diputado local.
Pobladores exigieron a la fiscalía general del Estado de México una investigación imparcial, para dar seguimiento a la denuncia de fraude por cerca de tres millones de pesos por parte de Irma Rivero, así como en el esclarecimiento del homicidio del líder Eusebio Fragoso, y castigo a los autores intelectuales del crimen.
De acuerdo con afectados, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a las agresiones y amenazas, el 4 de julio pasado se realizó la primera asamblea donde más de 300 pobladores desconocieron por unanimidad a Irma Rivera, y decidieron retirarle el manejo de los panteones por no reportar los ingresos económicos a la comunidad de al menos 150 inhumaciones, que tentativamente podrían haber dejado r hasta los 3 millones de pesos en las arcas comunales.
Precisaron que el hijo de la delegada, Abraham Sure Rodríguez Rivero, es compadre del primer regidor Eduardo Santillán, quien en meses pasado fue alcalde por ministerio de ley, y utiliza a la policía municipal en su beneficio y para amedrentar a la población.
“El pueblo les cerró las instalaciones de la delegación para que ya no entrarán y decidió en las tres asambleas que ella y la delegación no deberían operar los panteones, ni que ingresen en la oficina que fue cerrada con cadena el 6 de agosto, porque los bienes inmuebles son herencia del pueblo no del municipio”, afirmaron.
Sin embargo, luego de que fue desalojada y desconocida, Irma Rivera ha irrumpido de manera ilegal y violencia apoyada con grupo de choque en las instalaciones de la delegación municipal, por lo que los pobladores pidieron su detención y eran trasladados en patrullas, pero antes de llegar al ministerio público fueron dejados en libertad.
Los pobladores de Guadalupe Victoria, para evitar conflictos, han decidido conformar una Comisión de Panteones que se encargara de los trámites de inhumaciones y de investigar los cobros realizados a lo largo de tres años, y que Irma Rivera se encargara solo de las tareas de vigilancia, pero ha hecho caso omiso y sigue asumiendo los cobros del servicio y trámites desde su domicilio con apoyo de grupos de choque.
De acuerdo con testimonios, la violencia por parte de la delegada ha escalado a tal nivel, para mantener el control económico de los panteones, que “ya pusieron precio” a la cabeza de los integrantes del COPACI y de los activistas que exigen su salida y la rendición de cuentas.
Uno de los principales activistas que exigía rendición de cuentas y sanción a la delegada era Eusebio Fragoso, líder social de la comunidad, y docente de profesión, quien fue asesinado el 8 de septiembre por dos sujetos que viajaban en motocicleta y quienes le dispararon de manera directa cuando cerraba su negocio ubicado en Guadalupe Victoria, la misma semana en que la exdelegada irrumpió en las oficinas y “puso precio” a la cabeza de sus opositores.
Los pobladores han iniciado denuncias por fraude y daño en los bienes contra Irma Rivero; pero no se ha actuado; aunque tuvo efecto una denuncia que ella interpuso contra integrantes del COPACI, acusándolos de una supuesta “intimidación y molestia” en su contra, por lo que, inclusive, la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género determinó medidas de protección.
