IMPULSO/ Agencia SUN
Nicaragua
Una amenaza política y financiera ata las votaciones de este dmingo en Nicaragua y las elecciones del martes en Estados Unidos, con un paquete de sanciones económicas de Washington a Managua en lista de espera
Si un proyecto de ley, denominado Nica-Act, aprobado en EU con consenso de demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes en septiembre anterior, es refrendado por el Senado, Washington bloqueará el acceso de Nicaragua a unos 300 millones de dólares anuales de financiamiento de organismos internacionales, por las medidas del gobierno de Daniel Ortega contra la transparencia democrática.
Convertida en ley, bloqueará los préstamos externos para Nicaragua y alejará la inversión privada extranjera directa, por unos mil 500 millones de dólares al año, mientras sigan sin certificarse elecciones libres y honestas, sin reformarse el aparato judicial ni atacarse la corrupción.
Más que un acoso militar similar al que mantuvo sobre Ortega y la revolución izquierdista y pro-Cuba conducida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobernó en Nicaragua de 1979 a 1990, Washington tiene opciones financieras que golpearían a la economía del país. Al escenario se suma la baja en la cooperación de Venezuela con Nicaragua por la crisis y la reducción de los precios de los productos nacionales de exportación.
“Las balas ya no botan gobiernos: es la economía”, alertó el nicaragüense Alfredo César Aguirre, presidente del opositor Partido Conservador de Nicaragua, una de las cinco pequeñas agrupaciones que compiten con Ortega sin opción real de triunfo. “Los votantes se revierten contra los gobiernos que fallan en el manejo económico. Ahora las balas son los dólares y lo que se está jugando en Nicaragua es eso, por la Nica-Act”, dijo.
La unanimidad con la Nica-Act es bipartidista y no depende de que ganen, este martes, la demócrata Hillary Clinton o el republicano Donald Trump en EU. El proyecto podría ser aprobado este año por el Senado y quedar listo para que el presidente Barack Obama decida si lo ejecuta antes del 20 de enero próximo que acabe su mandato.
