IMPULSO/ Lourdes Morales Canales
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En 1928, René Magritte, pintor surrealista de origen belga, inició una serie de lienzos conocidos como “la traición de las imágenes”. La emblemática imagen de una pipa solitaria acompañada de la frase en cursivas: “Esto no es una pipa” refería a que la reproducción de un objeto, por más fidedigna que sea, no es el objeto mismo sino solamente su representación. Si pensáramos en clave Magritte, la información que hoy se produce y reproduce en los medios de comunicación es reflejo de la asimétrica relación entre la prensa y el poder en México. Un modelo que es altamente dependiente del dinero público, pero que a decir del gobierno federal, está en un punto de inflexión.
Hace unas semanas se dijo que el llamado “chayote” —es decir, el soborno a periodistas para incidir sobre contenidos informativos— había quedado oficialmente eliminado. Las medidas anunciadas contemplan la reducción del 50 por ciento del financiamiento público a medios de comunicación, el establecimiento de criterios para la asignación de recursos públicos y la prohibición de concentrar más del 25 por ciento de este gasto en un solo medio de comunicación. El monto aprobado para comunicación social es de hasta 5 mil 048 millones de pesos, lo cual sin duda es mucho menor a los 60 mil millones de pesos destinados durante todo el sexenio anterior.
Tanto los lineamientos como las bases para una política de comunicación social poseen virtudes como: la definición de qué se entiende por publicidad oficial, las prioridades de información en beneficio del interés público, la necesidad de contar con una planeación, mayor transparencia en el ejercicio del gasto y la existencia de criterios para asignar y medir el impacto de las campañas públicas.
Sin embargo, algunas cuestiones requieren todavía de definición. En primer lugar, se trata de la objetividad con la que se asignarán estos recursos para garantizar una pluralidad de voces y evitar el sistema de premios y castigos. Ni en los lineamientos, ni en la política anunciada se define con precisión quién y cómo realizarán las mediciones de audiencia, ni las de impacto. El Colectivo #MediosLibres propuso que fuese un ente autónomo —como el Inegi— quien realizara estas mediciones; sin embargo, existen otras propuestas que involucran a universidades públicas que cuentan con personal calificado. En segundo lugar, la nueva política de comunicación social se desarrolla bajo un modelo de concentración en el que una sola oficina habrá de revisar, verificar y validar los planes de comunicación de todas las dependencias federales. Esto requiere de gran capacidad de respuesta para evitar sesgos e ineficiencias.
En tercer lugar, estos instrumentos conviven con la Ley General de Comunicación Social aprobada a regañadientes por la legislatura anterior. Conocida como “Ley Chayote”, esta ley es de aplicación nacional y deja en manos de la Secretaría de Gobernación y su equivalente en los estados, la facultad de registrar, regular, aprobar y controlar los recursos públicos destinados a los medios de comunicación sin garantizar imparcialidad, equidad o vigilancia al respecto.
Finalmente, este modelo de comunicación se da en un contexto de crisis económica y social hacia quienes ejercen el periodismo en México. Según el Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el periodismo es de las siete carreras peor pagadas en México. Y aun así, 203 mil 755 personas se dedican a estas labores a riesgo de sufrir violencia, agresiones o despidos. Con menos recursos y pocas garantías, las nuevas reglas ¿podrán modificar viejas prácticas?
