IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Organizaciones de la sociedad civil anunciaron su salida de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), debido a la falta de condiciones para una participación libre y segura que permitan avanzar en la agenda.
Fundar, Transparencia Mexicana, IMCO, GESOC, México Evalúa, Article 19, Observatorio Nacional Ciudadano, Social Tics, Cultura Ecológica, Control Ciudadano, entre otras, acusaron que hubo un “espionaje digital” dirigido a defensores de derechos humanos y de la salud, que colaboran en el tercer plan de acción de la AGA.
Haydeé Pérez Garrido, directora Ejecutiva de Fundar, dijo que la salida de las organizaciones prácticamente significa que esta plataforma para el caso de México “dejó de existir”, debido a que no tiene confianza en su contraparte gubernamental.
Las asociaciones señalaron que la evidencia revelada en un informe elaborado por Citizen Lab, publicada por The New York Times el pasado 11 de febrero, expone la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano en la “vigilancia digital ilegal” a por lo menos tres investigadores y defensores de la salud en México.
“La sociedad civil consideró que esta vigilancia resulta ilegal, como sistema de control y sin que medie una orden judicial. Deja en estado de indefensión a los ciudadanos y vulnera su privacidad…, además de ser una práctica asociada a Estados totalitarios contraria a la apertura gubernamental que se promueve a través de los principios de la AGA”.
Señalaron que dos de esos tres defensores colaboran en instituciones que trabajan en conjunto con la sociedad civil y el gobierno en la iniciativa de la alianza, en específico para la construcción del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción/2016-2018.
Los organismos exigieron al Ejecutivo federal —representado por la Secretaría de la Función Público (SFP)— y a los comisionados del Inai, contrapartes en el Secretariado Técnico Tripartita, actuar de manera efectiva ante este asunto, porque no hubo una respuesta concreta en más de tres meses de que denunciaron que los investigadores fueron víctimas de espionaje.
La SFP señaló que el gobierno de la República está comprometido con las libertades personales y la protección de la privacidad de las personas, por lo que invitó a quien haya sido víctima de alguna actividad contraria a sus derechos humanos, que acuda a las instancias correspondientes para atender estos casos.
Reiteró la disposición para el diálogo en atención a las preocupaciones que manifestaron: “Las organizaciones de la sociedad civil serán siempre bienvenidas a la mesa para monitorear los avances en el cumplimiento de manera activa si lo desean”.
La SFP insistió en el compromiso de seguir implementando acciones de gobierno abierto de manera simultánea a las relacionadas con la AGA, en cumplimiento de las demandas emanadas del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
