IMPULSO/Lourdes Morales Canales
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Días antes del primero de septiembre, trece promocionales sobre el sexto y último Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ilustraron la nota final de un sexenio. Desde la penumbra de su oficina, con gesto adusto y voz pausada, el Presidente de las reformas estructurales seleccionó momentos clave de una administración que quedó atrapada entre la modernidad de los nuevos diseños institucionales y el poder de intereses políticos y económicos excluyentes de la mayoría de la población. En el acto público de Palacio Nacional y en el documento entregado al Congreso, existe información útil más no exhaustiva para un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.
Dentro de los datos brindados se mencionan las reformas constitucionales que mejoraron el marco normativo del quehacer gubernamental: archivos, transparencia y acceso a la información, fiscalización oportuna, delimitación y ampliación de la responsabilidad pública de funcionarios y particulares que tengan que ver con el gobierno. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la puesta en marcha de sistemas locales anticorrupción en 22 entidades de la República que hoy en día cuentan con un comité coordinador sesionando sintetizan parte del cambio anunciado. También se incluyen la publicación de 37 mil bases de datos de 267 instituciones del gobierno federal, la información de más de dos mil proyectos de contrataciones públicas y los datos abiertos sobre presupuesto. Sin embargo, contrario a lo que dijo el Presidente, estas medidas son insuficientes para “desterrar la corrupción de nuestra vida pública”.
A la fecha, la forma de destinar y ejercer los recursos públicos no es idónea. El último informe de la Auditoría Superior de la Federación muestra discrepancias en el ejercicio de al menos 9 mil 950 millones de pesos provenientes de fondos federales. La manera en que los gobiernos respondan a estas observaciones, acaten recomendaciones, reintegren los recursos a la tesorería —en caso de que se acrediten las irregularidades— será la muestra de que las normas se empiezan a traducir en hechos. Y no al revés.
Lo mismo sucede con un listado de temas ausentes en el informe. Al cierre de este sexenio se acreditan mil 752 sanciones e inhabilitaciones impuestas a licitantes, proveedores y contratistas que participaron en contrataciones públicas con el gobierno. Algunos nombres están ausentes: Aldesa, la empresa constructora de lo que después sería el socavón del Paso Exprés, quedó libre de responsabilidades y continúa participando en obra pública.
