IMPULSO/ Agencia SUN
Costa Rica
Un juzgado penal de Costa Rica impuso seis meses de prisión preventiva a cuatro mexicanos y a una costarricense como presuntos sospechosos de los delitos de asociación ilícita, estafa informática y sabotaje informático, confirmaron hoy fuentes judiciales de este país centroamericano.
La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, informó hoy la Fiscalía General de Costa Rica a EL UNIVERSAL.
Las medidas, que rigen a partir del jueves pasado, fueron impuestas por una serie de hechos ocurridos entre el 16 y el 25 de noviembre anteriores, precisó.
Los mexicanos fueron identificados por la Fiscalía con los apellidos Argudín Ramírez, Bárcenas Méndez, Mondragón Gutiérrez y Espitia Hernández, mientras que la mujer es de apellidos Alfaro Jiménez. No se dieron datos acerca de edades o sitios de origen de los cinco.
Un reporte que la Fiscalía entregó a este diario precisó que “las cinco personas conformaron una organización criminal dedicada a robar información de cajeros automáticos”, mediante la “instalación de dispositivos electrónicos en la parte superior” de esos aparatos.
“De ese modo, al introducir la tarjeta para retirar el dinero, los dispositivos copiaban y obtenían información como claves y números de seguridad”, añadió, al explicar que los dispositivos fueron conectados por medio de un cable de red a cajeros ubicados en dos suburbios de las afueras de la capital—Curridabat al este y Tibás al norte—y en Barreal, una localidad a unos 16 kilómetros al noroeste de San José que pertenece a la provincia (estado) de Heredia.
Según la investigación, “lo que presuntamente” hicieron los mexicanos y su asociada costarricense “fue desconectar el cable de red” del cajero “y en su lugar” conectaron un dispositivo “diseñado para el fraude, con lo cual interceptaron los datos y los modificaron”.
“Con esto lograron que el sistema registrara una transacción” de unos tres dólares con 50 céntimos, aunque “de manera fraudulenta” dispensara unos 700 dólares, detalló.
Entre otros factores, la investigación tiene pendiente analizar las transacciones de los cajeros en los que fueron colocados los dispositivos y determinar si los imputados enviaron al extranjero los datos “ilegalmente obtenidos” de las tarjetas a otros posibles miembros de la organización para que hicieran operaciones fuera de las fronteras de Costa Rica, alertó.
