IMPULSO/ Fernando Díaz Naranjo
La institución electoral federal que hoy tenemos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), es el resultado de un largo y sinuoso camino que ha llevado a la consolidación de nuestro sistema democrático. Para ello, ha sido necesario transitar por un cúmulo amplio de reformas a la normativa electoral, incluyendo la propia Constitución Política y las diversas leyes secundarias respectivas e inclusive hasta la generación de nuevas leyes.
Parecería que hoy estamos muy lejos de aquella Comisión Federal Electoral que era presidida por el Secretario de Gobernación, o bien, de aquel Consejo General del otrora IFE, donde los partidos políticos tenían voz y voto, además, la representación partidista estaba acreditada según la fuerza electoral obtenida en su oportunidad. En síntesis, sin un equilibrio real en la competencia electoral.
Diversos legisladores con altura de miras lograron a lo largo del tiempo, darle al IFE primero y hoy al INE y, en general, a las instituciones electorales, la adición, entre muchos elementos más, de un ingrediente fundamental: su autonomía e independencia.
Estos dos conceptos han dado a las instituciones electorales su edificación como órganos de equilibrio constitucional y, agregaría también, político toda vez que su función la rigen bajo principios de imparcialidad, justicia, equidad, transparencia e imparcialidad, por lo que la esencia de estas funciones está garantizada justamente gracias a dicha autonomía e independencia.
Por ello, cobra gran relevancia que el INE presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al ejercicio fiscal 2019, mismo que fuera aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre pasado.
La esencia de la controversia reside en la reducción de 950 millones de pesos, respecto al monto original.
A decir del INE, el presupuesto otorgado por el órgano legislativo representa una vulneración tanto a la autonomía como a la independencia del máximo órgano electoral administrativo de nuestro país.
La autoridad electoral alega que la reducción presupuestal le impedirá participar en los procesos electorales que tendrán verificativo este año, a saber: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y, dado los lamentables acontecimientos sucedidos en Puebla, también habrá elecciones en esta entidad federativa.
Es importante referir que en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación no existe algún razonamiento o fundamentación que llevara al Legislativo a ejercer dicha reducción, cuando la técnica legislativa implica siempre una justificación jurídica del actuar de cualquier órgano legislativo.
Hoy el INE se aventura a seguir una ruta de Estado de derecho y, promueve dicha controversia en atención a lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Política. El principal fundamento que presenta la autoridad electoral es que la Cámara de Diputados no puede realizar una reducción presupuestal sin que ésta esté debidamente motivada y fundamentada. Además, plantea la invasión a la esfera competencial del INE, al establecer aspectos relacionados a las condiciones de trabajo de los servidores públicos de dicha institución que tienen su propia regulación.
Consecuentemente, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse al respecto, que interprete y dé la razón a quién deba tenerla, pero sobre todo que haga valer el estado de Derecho y, en todo caso, que delimite con certeza el ámbito de autonomía e independencia del órgano electoral nacional.
Lo que resuelva la Corte generará, sin lugar a dudas, un precedente muy importante para la vida institucional no sólo del INE, sino de los órganos públicos locales electorales de las entidades federativas que ya han tenido episodios similares a nivel local.
Sin duda alguna un caso de gran trascendencia para la Corte que deberá decidir este asunto, justamente con plena autonomía.
Twitter: @fdodiaznaranjo
